Ricardo Ávila
Editorial

Una propuesta razonable

La prueba piloto de la Alcaldía de Bogotá de prohibir la circulación de motos con parrillero suena sensata.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
enero 24 de 2018
2018-01-24 08:43 p.m.
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La decisión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de prohibir la circulación de motos con parrillero ha generado un agitado debate. La medida se aplicará a partir de la próxima semana para motos de más de 125 centímetros cúbicos y para acompañantes de sexo masculino, y se pondrá en marcha en toda la ciudad. La Alcaldía ha anunciado que, en principio, se trata de una prueba piloto que regiría de manera temporal, para evaluar su impacto y tomar decisiones definitivas.

La discusión que ha producido el anuncio no es gratuita. Una iniciativa como esta debe tener efectos positivos sobre los indicadores de seguridad, teniendo en cuenta que ha aumentado el número de atracos ejecutados bajo esta modalidad, pero también tendrá un impacto negativo sobre el bienestar de los motociclistas y de ciertos negocios.

Algunos detractores de la medida han señalado que se trata de una decisión apresurada, motivada por el debate que ha generado el atraco a una mujer embarazada hace unos días en el sector de Rosales en Bogotá, que dejó como saldo la víctima herida y su camioneta robada. Quienes afirman esto argumentan que la Administración está tratando de mostrar que está haciendo algo para enfrentar la inseguridad, ocultando su impotencia ante un hecho ocurrido en un barrio exclusivo que ha llamado la atención de los medios de comunicación.

Lo cierto es que esta hipótesis no tiene asidero. Por un lado, las autoridades reaccionaron rápidamente tras el robo, con una velocidad y eficiencia que la ciudadanía quisiera ver en otros casos, y ya recuperaron la camioneta, capturaron a un sospechoso y están tras la pista de los otros. Por otra parte, los autores de ese robo no se transportaban en moto, sino en carro, lo que diluye cualquier vínculo directo entre ese episodio y la medida anunciada.

Más interesantes son las objeciones de otros críticos, que aseguran que no es tan grande el problema de la inseguridad asociada con los parrilleros en la ciudad y que la propuesta podría ser inútil. Por ejemplo, el representante de una asociación de usuarios de motos dijo ayer a este diario que cree que ni siquiera 25 motos de las 500.000 que hay en Bogotá estarían involucradas en delitos. Además, afirmó que si los ladrones no pueden hacer sus robos en motos, buscarán un taxi, una bicicleta u otro vehículo para movilizarse.

Las cifras de las autoridades muestran algo muy distinto: los atracos con parrilleros en la capital son muy frecuentes, y su ocurrencia ha venido en aumento. Según estadísticas oficiales, mientras en el 2012 se registraron 1.662 casos de robos de este tipo en Bogotá, esa cifra más que se duplicó en un quinquenio, y el año pasado ascendió a 3.359, lo que arroja un promedio de alrededor de nueve casos diarios. La creciente preferencia por las motos para cometer atracos tiene que ver con su velocidad en medio del denso tráfico bogotano, por lo que es iluso pretender que los ladrones empezarían a sustituirlas por bicicletas o taxis para sus robos a partir de la medida, al menos no en todos los casos.

Lo que sí es cierto es que la prohibición de parrilleros afectará a familias honestas que usan su vehículo como medio de transporte laboral o familiar, y que puede terminar perjudicando ciertas actividades económicas en la ciudad. Sin embargo, el problema no parece ser tan grande en términos relativos: de acuerdo con las cifras de la Alcaldía, solo 5 por ciento de los bogotanos se transportan en moto, y de ellos 10 por ciento llevan un parrillero hombre. De esta manera, la restricción afectará a 0,5 por ciento de los ciudadanos, pero puede traer beneficios para todos los habitantes.

Ante este panorama, la propuesta de la Alcaldía de hacer una prueba piloto suena razonable. Lo ideal es aplicar la medida durante un plazo definido, midiendo en ese lapso su impacto sobre la movilidad de los motociclistas y sobre la seguridad de la ciudad. Solo así se sabrá si la prohibición funciona, como lo ha hecho en otras ciudades del país, o si conviene revertirla. Al fin y al cabo, esa es la forma como se prueban las bondades de muchas políticas públicas alrededor del mundo.

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