Ricardo Ávila

Más ruido que nueces

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
julio 26 de 2013
2013-07-26 03:44 a.m.
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Tanto en el sector privado como en el público, la lógica detrás de gastar el dinero es la de obtener un rendimiento. En el mundo empresarial, este puede medirse en ingresos, utilidades o cualquier indicador financiero que usan los analistas para evaluar una gestión. En lo que corresponde a los entes estatales el análisis es un poco más complejo, aunque también se puede calcular la rentabilidad social de invertir fondos en actividades como educación, infraestructura o seguridad. No obstante, el ejercicio no siempre es fácil, pues a veces resulta complejo establecer una relación entre causa y efecto.

Pero ese no parece ser el caso en lo que atañe a las 64 contralorías que existen en el país, incluyendo a la Contraloría General. Según un informe de la Auditoría General, la efectividad de tales organismos es, por decir lo menos, discutible. Para citar cifras, de procesos iniciados por un presunto daño patrimonial de 11,2 billones de pesos, el año pasado solamente se profirieron 998 fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de 176.100 millones de pesos, lo que equivale al 1,5 por ciento.

Y a la hora de cobrar el balance es todavía peor. De cerca de 8.000 procesos de jurisdicción coactiva que persiguen sumas por 680.000 millones de pesos, en el 2012 la Contraloría General recuperó 36.000 millones y las territoriales 23.000 millones de pesos. En resumen, y como lo afirmó un titular de El Tiempo, de cada 100 pesos perseguidos, lo que se rescata son 53 centavos.

Valga la pena aclarar que las cuentas que hacen los propios organismos cuestionados son diferentes y más que duplican el monto citado. El problema es que si a la poca efectividad anotada se le suma el costo de mantener ese aparataje, el panorama es desolador. Así, el presupuesto de 52 contralorías regionales ascendió el año pasado a unos 265.000 millones de pesos. Y en el caso de la Contraloría General, lo autorizado para este año llega a 456.685 millones de pesos, con lo cual se mantiene una senda de crecimiento más empinada que en otras ramas.

En respuesta, no faltará quien diga que el análisis no puede ser tan simplista. Al fin de cuentas, la figura del control fiscal habría ayudado a evitar desfalcos eventuales mucho mayores. Bajo ese punto de vista, la rentabilidad de los recursos invertidos es alta, con lo cual el sistema no tiene discusión.

El problema es que la realidad es otra, como lo demuestra el caso de la Contraloría General. Aparte del elevado costo que tiene y de la escasa efectividad demostrada frente al valor de los procesos iniciados, en el seno del Ejecutivo siguen escuchándose quejas sobre la manera en que la institución ha generado, en múltiples funcionarios, una cultura del miedo que lleva a que los índices de ejecución presupuestal sean malos.

El término que resume la sombra de una investigación fue acuñado por Anif y es el “asustadurías”. Para decirlo con claridad, el temor que inspira una posible investigación es tanto, que en muchos casos quienes tienen a su cargo proyectos determinados concluyen que es preferible no hacer nada o tomar precauciones al máximo, así los cronogramas no se cumplan.

Otros, con el fin de curarse en salud, hablan de procesos de acompañamiento. Estos consisten en consultar de forma permanente con los organismos citados los pasos que van a dar, para así evitarse problemas en el futuro. Lamentablemente, dicho ejercicio implica, en la práctica, volver al pasado, cuando el control se hacía en forma previa y no posterior, como ahora lo indica la Constitución. Adicionalmente, estimula la corrupción, pues no faltan quienes buscan llegar a ‘acuerdos’ informales para evitar el poder de veto de los funcionarios de la Contraloría.

Mientras esa situación ocurre, los titulares se siguen llenando de denuncias. Sin embargo, todo indica que en este caso también se aplica aquel refrán que habla de ‘mucho ruido y pocas nueces’.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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