Cuando en diciembre pasado el Congreso le dio su bendición a la controvertida reforma tributaria que presentó el Gobierno, con el fin de garantizar que las cuentas del presupuesto nacional del 2015 quedaran equilibradas, el panorama inmediato parecía estar relativamente despejado. Es cierto que en ese momento ya era clara la descolgada en los precios internacionales del petróleo, pero el parte entregado decía que el gran bache se vería solamente hasta el próximo año, por lo cual habría tiempo para reaccionar.
Sin embargo, en las últimas semanas los técnicos del Ministerio de Hacienda han venido afinando las cifras y el veredicto que han entregado no es bueno. Cada vez es más evidente que los ingresos públicos se van a apretar con más velocidad de la que se pensaba hasta hace poco, ante lo cual no va a haber otro remedio que el de sacar las tijeras con el fin de recortar tanto gastos generales como programas de inversión, del monto general de 216,2 billones de pesos.
Lo anterior va a tener lugar a pesar de que el déficit en las cuentas estatales va a subir en casi medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, unos 3,5 billones de pesos. Tal como lo permite la regla fiscal, el saldo en rojo será mayor y será financiado con más deuda. Pero eso no va a ser suficiente.
Una primera indicación de que se viene un apretón tuvo lugar hace una semana cuando fue presentado el Plan de Desarrollo del cuatrienio, con su correspondiente proyecto de ley. Al hablar de la propuesta, el propio Juan Manuel Santos señaló que fue necesario disminuir el costo de diferentes iniciativas gubernamentales en unos 17 billones de pesos entre ahora y el 2018, en respuesta al nuevo escenario de los hidrocarburos.
Si bien se llegó a pensar que la píldora más amarga sería la del 2016, no hay duda de que la medicina habrá que empezar a tomársela de una vez. La razón fundamental –aunque no la única– es la situación de Ecopetrol, que no solo es el primer contribuyente del impuesto de renta, sino que también es la principal fuente de lo que se conoce como rentas de capital, a través de los dividendos que le paga a la Nación.
Y es en este último punto que el panorama se ha complicado mucho. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dado a conocer en junio del año pasado se había dicho que a la tesorería general ingresarían 8,4 billones de pesos por tal concepto en el 2015. Lamentablemente, los datos preliminares del balance de la sociedad, con el cierre a diciembre, muestran que obtener un pago de esa magnitud es imposible.
El motivo es que las utilidades de la empresa petrolera –que a septiembre iban en 8,4 billones de pesos– habrían sido cercanas a los 9,5 billones en el ejercicio completo, casi cuatro billones menos que en el 2013. Más allá del dato final es indudable que en medio de un escenario de tantos vaivenes como el de ahora, sería absolutamente irresponsable repartir el 80 por ciento de las utilidades como ocurrió el año pasado.
De hecho, en la junta directiva de Ecopetrol hay personas que consideran que no debería haber pago en efectivo, pues lo que importa ahora es preservar la posición de caja y no quedar bien con los accionistas en el corto plazo. Incluso si esa posición extrema es derrotada, lo más probable es algo del orden del 40 por ciento.
Al hacer las cuentas de cuánto le tocaría a la Nación –que tiene el 88,5 por ciento de la propiedad de la compañía–, un cálculo razonable da una suma cercano a 3,5 billones de pesos. En otras palabras, el fisco recibiría cinco billones menos de lo que pensaba hasta hace unos meses.
Ese es el número alrededor del cual se están haciendo las cuentas del recorte. Al respecto, habrá el conocido tire y afloje entre Hacienda y las demás carteras, pero al final las matemáticas se acabarán imponiendo. Porque, para decirlo en una frase, la plata que se pensaba que iba a llegar, no llegó.
Ricardo Ávila Pinto
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