Ricardo Ávila

Siembra vientos...

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 21 de 2014
2014-05-21 07:18 a.m.
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A medida que pasan las horas y se acerca el domingo, es evidente que la atención del país se centra en la cita que sus ciudadanos tienen con las urnas.

Los sucesos de los últimos días, la inminencia de un par de debates televisivos y la ausencia de encuestas públicas que digan si las preferencias han variado en comparación con los sondeos conocidos, le agregan una mayor incertidumbre a lo que pueda pasar el 25 de mayo. De hecho, quienes se atreven a mirar más allá tienen como fecha límite el 15 de junio, cuando debería celebrarse la segunda vuelta.

Y aunque la expectativa sobre lo que viene es entendible, no está de más recordar que una vez se conozcan los escrutinios habrá una larga lista de pendientes que exigirán atención. Uno de esos asuntos es el agrario, que, a primera vista, quedó resuelto después de que el paro de hace tres semanas fuera desactivado por el Gobierno, sin que se presentaran las movilizaciones y bloqueos que tuvieron lugar en agosto.

Incluso, en Boyacá hay la sensación de que esta segunda versión fue un fracaso, pues les dejó pérdidas millonarias a hoteleros, transportadores e industriales, mientras que los cultivadores que impulsaron la protesta no lograron nada.

Una mirada más detallada a lo sucedido denota que el Ejecutivo puso en marcha aquella máxima de ‘divide y reinarás’. De tal manera, se concentró en aislar a las llamadas ‘dignidades’, ya sea excluyéndolas de cualquier negociación o haciéndoles concesiones puntuales. Como consecuencia, el bloque que puso en jaque a la administración no tuvo la cohesión previa y fue relegado a un segundo plano.

En contraste, los negociadores oficiales elevaron el estatus de otro interlocutor. El 8 de mayo un decreto del Ministerio del Interior determinó que su contraparte para hablar de los temas del campo serán las organizaciones reunidas en la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular.

Así, en unas cuantas semanas deberán comenzar los diálogos con los 35 voceros de este conjunto de organizaciones, entre las cuales se destacan la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Organización Indígena de Colombia y el Proceso de Comunidades Negras.

Los puntos de discusión son amplios. De hecho, tienen como base las temáticas aprobadas en una cumbre de marzo, cuyo contenido fue radicado un mes después en la Presidencia.

Contrariamente a lo que pudiera creerse, el enfoque del documento va mucho más allá de los problemas de las zonas rurales. Las reivindicaciones están divididas en ocho capítulos e incluyen 117 exigencias específicas que tienen que ver con tierras y soberanía alimentaria, pero también con minería, derechos sociales y políticos o la relación entre el campo y la ciudad.

Uno de los muchos mandatos habla de “la transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana”. Otro más habla del “desmonte del Esmad”.

Con esos antecedentes, resultan totalmente válidas las afirmaciones del exministro Juan Camilo Restrepo, quien en una entrevista dada a Portafolio señaló que la solución del paro agrario fue equivalente a haber apagado “el incendio con gasolina”. Puesto de otra manera, una cosa es haber conseguido que retorne la tranquilidad a diversas regiones por un tiempo y otra evitar que pronto vuelvan las perturbaciones.

El motivo es que para quienes están agrupados en la Cumbre Agraria hay una hoja de ruta que incluye, ni más ni menos, una nueva visión del Estado. Si en el caso de las Farc y La Habana se dejó en claro que el modelo económico y político no está en discusión, aquí las puertas quedaron abiertas. Y como ponerse de acuerdo en ciertos planteamientos radicales parece imposible, todo indica que aquí se sembraron vientos que desatarán tempestades.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Tiwtter: @ravilapinto

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