Ricardo Ávila

Del sueño a la realidad

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
enero 16 de 2014
2014-01-16 04:38 a.m.
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El sábado pasado en Yopal, Juan Manuel Santos le expidió la partida de nacimiento a una iniciativa que llevaba meses en gestación. Se trató del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes), que contiene la primera fase para el desarrollo integral de la Orinoquia, esa región de Colombia que comprende entre cuatro y siete departamentos, pues hay opiniones divergentes sobre sus límites. En cualquier caso, la definición más usada habla de una superficie que representa al menos la tercera parte del territorio nacional.

En este caso, sin embargo, la estrategia se concentró en la Altillanura, que abarca 13,5 millones de hectáreas, de las cuales 2,8 millones tendrían vocación agropecuaria y forestal. Como es evidente, se trata de un área inmensa compartida por siete municipios en los que habitan apenas unas 133.000 personas. De ese total, un 30 por ciento estaría distribuido entre varias comunidades indígenas.

Pero más allá de que se trate de una región despoblada en la que abundan más las carencias que el bienestar, los conocedores hablan con entusiasmo sobre sus posibilidades. La razón es que se trata de una vasta zona que permitiría ampliar la frontera agrícola, haciendo posible que Colombia se vuelva una potencia en producción de alimentos. Aunque las comparaciones son odiosas, se menciona con insistencia el ejemplo del Cerrado brasileño y las similitudes que pueden existir en este caso.

Pero más que eso, la principal promesa de la Orinoquia es que el país –tal vez por primera vez en su historia– haga las cosas bien. En contraste con experiencias de colonización reciente como la del Urabá, en este caso podría tener lugar un proceso ordenado que sirva no solo para crear riqueza y empleo, sino para instituir un modelo productivo que permita tanto el desarrollo social en un entorno de paz, como el cuidado ambiental de una vasta extensión en donde los errores pueden acabar con la calidad de las fuentes de agua o la biodiversidad.

El problema es que expresar el deseo es más fácil que concretarlo. Por tal motivo, es necesario avanzar cuidadosamente, siendo lo hecho por el Conpes un primer paso que debe ser seguido por muchos más, si se trata de caminar por la senda del progreso.

En tal sentido, es encomiable que la hoja de ruta diseñada asigna responsabilidades a diferentes agencias estatales. Estas incluyen la necesidad de que el Ministerio de Agricultura ponga en marcha un esquema de ordenamiento social de la propiedad rural o que la Agencia Nacional de Infraestructura convierta en realidad una serie de proyectos viales en el Meta, con miras a la eventual construcción de una carretera que llegue hasta Puerto Carreño, la capital del Vichada.

Igualmente, es positivo que se fije la meta de elevar el área cultivada de 81.000 hectáreas actualmente a 780.000 hectáreas en el 2024. No menos interesante es que este sea el laboratorio para el aprovechamiento de los baldíos, mediante su entrega en arrendamiento o su distribución a las personas de bajos ingresos que puedan desarrollar esquemas asociativos.

No obstante, lo clave es reconocer que existe una enorme debilidad institucional en la zona, por lo cual el liderazgo del alto Gobierno es determinante para que las promesas se vuelvan realidad. En tal sentido, es positivo que se tenga en mente un esquema que, en términos prácticos, permitiría que la Altillanura cuente con un gerente que sea capaz de mover los engranajes de la administración pública.

Junto al potencial identificado, también hay que tener en cuenta los peligros. Estos van desde sucumbir a la tentación de la politiquería, hasta dejar que una tierra de promisión se convierta en tierra de nadie, en donde impere la ley del más fuerte. Debido a ello, lo que viene es avanzar, pero teniendo la rienda corta, porque la única opción viable a la de no desarrollar la Orinoquia, es la de hacer bien la tarea.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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