Ricardo Ávila

Otra tarea por hacer

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 24 de 2014
2014-10-24 06:15 a.m.
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A comienzos de abril el Gobierno, según una nota publicada en Portafolio, decidió meterle el acelerador a un proyecto de ley que dotaría al Estado de mayores herramientas en la lucha contra el contrabando. “Tiene la más alta prioridad en la agenda legislativa”, sostuvo en ese momento el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. “El país lo pide a gritos”, agregó el funcionario.

Pocas semanas después, cuando las sesiones del Congreso estaban cerca de finalizar su periodo, el tono del reporte aparecido en este periódico era diferente. La información hablaba de que había sido necesario lanzarle un salvavidas a la iniciativa para que no se hundiera en el Capitolio.

Gracias a ese esfuerzo de última hora, la propuesta fue aprobada en la Comisión Primera del Senado, haciendo tránsito a la presente legislatura.

Desde aquel entonces, no ha vuelto a pasar mucho. Entre los parlamentarios son pocos los que tienen el tema en mente, con excepción de los que manifiestan su preocupación por un articulado que eleva las sanciones, tipifica conductas punibles y habla de multas cuantiosas y penas de prisión.

No obstante, tal parece que algo se está moviendo. El texto de la ponencia para segundo debate viene siendo redactado y la meta es que antes de diciembre logre superar otro obstáculo. En el mejor de los casos, quedaría pendiente la mitad del camino, lo cual hace pensar que la prioridad ya no es tan alta como en la primera parte del año.

Si ese es el caso, sería lamentable. Y es que tal como lo expresó recientemente un escrito aparecido en la revista que publica la Andi, “el contrabando de hoy es el narcotráfico de los noventas”.

Quien lo dude no tiene más que tener en cuenta las empresas criminales que se nutren de la actividad. Tal como lo demostró el caso de ‘Marquitos’ Figueroa, arrestado en el Brasil, sus vínculos con la importación ilegal de gasolina desde Venezuela sirvieron para hacerlo un personaje temible en La Guajira, con influencia sobre los políticos de la región.

Ese es tan solo un ejemplo de los muchos que abundan en el territorio nacional. Hay bandas especializadas en ‘líneas de productos’ específicos, mientras que los más diversos grupos al margen de la ley se financian, en parte, con las ganancias que deja la despreciable práctica. La conexión con el tráfico de drogas es innegable, al igual que con el lavado de activos.

A pesar de ello, el esfuerzo institucional es mediocre. Cuando la opinión se queja de la llegada de ciertos bienes, ocurren las incautaciones de rigor, pero lo que acaba pasando es poco. Según cifras de la Policía Fiscal y Aduanera las aprehensiones de productos ascendían a unos 20 millones de dólares hasta comienzos de mayo, una cifra ínfima en un negocio que mueve más de 6.000 millones de dólares al año, según la Dian.

Por tal motivo, hay que ser más efectivos en la lucha. Esta no solo incluye conseguir la aprobación del proyecto de marras en el Congreso, sino organizar de forma efectiva la manera en que las diferentes entidades estatales combaten el contrabando. Puesto de otra manera, no basta con herramientas jurídicas si no hay liderazgo para atacar este flagelo.

Un examen realizado esta semana durante una mesa de expertos, organizada por el Instituto de Ciencia Política, mostró que hay poca coordinación a nivel de las instituciones públicas, aparte de desconfianza en las relaciones con el sector privado. La lista de cosas por hacer es larga, pero sobre todo requiere de un hilo conductor y de mayor voluntad política.

De lo contrario, las cosas seguirán tal como están, afectando la salud del sector productivo justo cuando los vientos en contra de la economía ganan fuerza. Nadie cuestiona que el país pide a gritos que aumente la lucha contra el contrabando. La pregunta es si esa solicitud está siendo escuchada por los poderes públicos.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

 


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