Ricardo Ávila

La tarea sigue pendiente

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
enero 19 de 2014
2014-01-19 11:54 p.m.
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No ha sido bueno el comienzo del año para el sector de la minería en Colombia. Aparte de un entorno de precios internacionales a la baja, la imagen del ramo se ha visto golpeada por el cierre del puerto de Drummond, el vertimiento de polvo de carbón en la bahía de Santa Marta o la publicación del segundo tomo de un estudio de la Contraloría, en el que sus autores cuestionan seriamente los réditos derivados de la actividad.

La confluencia de esos factores oscurece el panorama de una locomotora que cada vez anda a ritmo más lento y que en el 2013 encontró muchos obstáculos en la vía. De hecho, si se excluyen el petróleo y el gas de las cuentas, bien puede hablarse de que en dicho periodo tuvo lugar una contracción, que contrasta con los crecimientos de doble dígito del pasado reciente. Buena parte de lo ocurrido estuvo relacionado con factores económicos, como las menores cotizaciones del oro, el níquel y el carbón, pero también los líos en materia de huelgas o las decisiones de tipo administrativo pusieron su cuota.

Es verdad que para un sector importante de la opinión, el declive minero es una buena noticia. Con el correr del tiempo han aumentado de volumen las voces que preferirían que las labores extractivas se redujeran a un mínimo, pues opinan que la relación costo-beneficio da un saldo negativo y que las únicas que salen ganando son las compañías privadas, algunas de ellas multinacionales. Tales cuestionamientos son particularmente fuertes en el ámbito local, pues se tiende a contrastar la supuesta vida bucólica de comunidades que vivían en paz, con el deterioro que estas han sufrido por cuenta de explotaciones cuyas secuelas más notorias son el atraso, las injusticias sociales, la corrupción y la violencia.

Si el veredicto fuera tan claro, no hay duda de que lo que debería hacer Colombia es proscribir la minería. El problema es que no lo es. Valga la pena recordar que el sector aporta 2,3 puntos del Producto Interno Bruto, una quinta parte de las exportaciones y otro tanto de las regalías. A eso hay que agregarle 350.000 empleos, un número apreciable.

Por otra parte, son múltiples los ejemplos en el mundo de países que se han desarrollado gracias a la riqueza que tienen en su subsuelo. En la lista se encuentran Australia, Canadá o Chile, entre otros, y más de uno aspira a engrosarla. La semana pasada, sin ir más lejos, el presidente uruguayo José Mujica decretó que el proyecto de Aratirí para la explotación de mineral de hierro queda comprendido en la nueva Ley de Minería de Gran Porte, sancionada recientemente. Si la iniciativa liderada por el grupo indio Zamin Ferrous sale adelante, la república oriental se convertiría en el octavo productor más grande, con volúmenes similares a los de Suecia.

Ejemplos como ese demuestran que en otras latitudes la actitud respecto al tema es diferente. Quienes saben del asunto aseguran que allí también hay debates sobre la conveniencia de tal o cual proyecto, pero que existe la creencia de que impactos como los ambientales se pueden minimizar. Además, el sector público participa activamente en la discusión, tanto a la hora de establecer reglas de juego, como de escuchar y hablarle a la ciudadanía.

En ese campo, Colombia tiene mucho por hacer. Es cierto que el país todavía recorre una curva de aprendizaje que aún no termina y que el Gobierno actual ha sido valeroso en su combate a la minería ilegal, mientras trata de aconductar a los productores informales.

Pero en otros casos, la administración falla a la hora de enviar mensajes claros, pues hay muchas voces discordantes. Por tal razón, la tarea sigue pendiente, justo cuando el viento sopla en contra. Hace tres años, las inversiones programadas para el sector en Colombia ascendían a 15.500 millones de dólares en el lustro siguiente y ahora esa suma bajó a 7.300 millones. Si no cambian las cosas, la suma seguirá cayendo.

Ricardo Ávila pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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