Ricardo Ávila

Un tema sobrecargado

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 06 de 2013
2013-02-06 01:25 a.m.
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Si en algún caso se puede utilizar el conocido término ‘alta tensión’ es en el referente al debate en torno a los precios de la energía en Colombia. Este ha surgido por cuenta del mal desempeño reciente de la industria nacional, que tiene que ver con una pérdida relativa de competitividad asociada, en parte, a costos más elevados que en otros países.

En consecuencia, los especialistas han identificado factores que impiden que el ramo fabril se desarrolle. Uno de ellos es el valor de la mano de obra, pero meterle la mano a ese asunto es muy difícil por razones políticas, como lo prueba la discusión de la reforma tributaria de diciembre en la cual bajó el peso de los impuestos a la nómina. Otro es el atraso de la infraestructura de transporte. No obstante, aun si hay planes ambiciosos para cerrar la inmensa brecha existente, habrá que esperar años antes de que se acaben las obras.

En cambio, recomponer las cargas en materia de energía es comparativamente más sencillo, aunque eso no quiere decir que sea fácil. La razón es que muchos de los precios actuales dependen de decisiones administrativas, con lo cual los alivios se podrían sentir con rapidez.

Aun así la madeja es enredada por la razón de que si bajan los costos, alguien saldrá perdiendo, ya sea generador, productor o distribuidor. Además, hay que partir de las instituciones existentes, pues el peor escenario es regresar al esquema de antes de 1994, cuando el sector eléctrico no solo estaba quebrado, sino que mostró su incapacidad para reaccionar a las emergencias después de que el fenómeno de ‘El Niño’ secó los embalses en 1992 y obligó a un racionamiento de siete horas diarias.

De hecho, la arquitectura vigente hoy en día tiene su origen en esa experiencia traumática. Con el fin de evitar otro apagón, se diseñó un sistema que le da prioridad a la confiabilidad del suministro. El lío es que en aras de esa seguridad se han creado mecanismos que, al decir de los expertos, son excesivamente generosos. Puesto de otra manera, los seguros funcionan, pero valen mucho.

El pago de ese andamiaje es soportado por los usuarios y, especialmente, por los industriales. Varias investigaciones demuestran que las tarifas en Colombia se encuentran dentro de las más altas de América Latina, a pesar del desmonte reciente de una sobretasa del 20 por ciento y de contar con plantas hidroeléctricas que tienen el combustible más barato de todos.

Al mismo tiempo hay un problema con los precios del gas, que se mantienen por encima de las cotizaciones internacionales, sin que los anhelos de nuevos descubrimientos se concreten. También en este caso las manufacturas asumen costos altos, a pesar de la revolución que ha significado en otras latitudes el descubrimiento de hidrocarburos mediante el uso de técnicas no convencionales, cuyo efecto se sentirá pronto en el país.

Ante esa situación, hay que tomar decisiones. Buena parte de esa responsabilidad le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, más conocida como Creg. Si bien algunos abogan por su eliminación, lo que procede es fortalecerla técnicamente y elevarle el perfil para que sea árbitro en un campo en el que se chocan múltiples intereses y hay sumas millonarias en juego.

En tal sentido, le corresponde al Gobierno dotarla de herramientas, comenzando con un presupuesto adecuado. Solo así se podrán emitir reglas de juego justas, que preserven el adecuado suministro de electricidad y gas, eviten ganancias excesivas y le garanticen a los usuarios que van a pagar un valor justo por el servicio, de tal manera que la industria pueda recuperar la competitividad perdida en este campo. Cortar el nudo gordiano es difícil y requerirá liderazgo por parte del Ejecutivo, pero los diagnósticos que se han hecho, junto con uno que apoya la Andi, son de ayuda en el manejo de un tema que no da espera. 

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