Ricardo Ávila

Tirándoles a las escopetas

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
marzo 11 de 2015
2015-03-11 01:59 a.m.
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Después de catorce meses, la semana pasada el Procurador General de la Nación resolvió los recursos de reposición presentados por el Superintendente Financiero y otros funcionarios de esa entidad de supervisión, relacionados con su actuación en lo sucedido con InterBolsa. El fallo deja un sabor agridulce. Si bien reconoce que la sanción inicial de destitución por 12 años impuesta a Gerardo Hernández era claramente desproporcionada, mantiene consideraciones que pueden ser precedentes perjudiciales en el futuro.

En la determinación se insiste en que, con la información que tenía la cabeza de la Superintendencia, con respecto a una investigación preliminar que adelantaba esa entidad sobre operaciones ‘repo’ de acciones de Fabricato, ha debido intervenir el mercado de valores a mediados del 2012. La argumentación se fundamenta en que si bien la evidencia no era concluyente, ha debido llevar a que las sospechas e incertidumbre generadas con tales datos, condujeran a tomar cartas.

En otras palabras, el ente pone en tela de juicio la actuación de una entidad especializada en conocer y entender el funcionamiento del mercado financiero y los riesgos que, una acción inadecuada o desmedida, puede traer al sistema en su conjunto. Lo cierto es que lo hecho –como ha sido reconocido nacional e internacionalmente– evitó un colapso de enormes proporciones, para no hablar del contagio al sistema bursátil y bancario en su conjunto.

La pregunta, claro está, es si los órganos de control disciplinario deben juzgar las decisiones técnicas de las autoridades en temas tan complejos como la quiebra del Grupo InterBolsa. La providencia reconoce que se trata de algo subjetivo, que parte de la apreciación de hechos que llevan a que un funcionario opte por un proceder determinado, de acuerdo con su conocimiento profesional y del mercado. Ya si esa decisión tiene los efectos que se buscaban es arena de otro costal, que no debería estar en el ámbito disciplinario, sino dentro de la responsabilidad política de la persona a cargo.

En el fallo también queda claro que el Superintendente actuó de buena fe, pero, a juicio de la Procuraduría, equivocadamente. Para quienes conocen los enormes riesgos de una reacción precipitada y por mera sospecha, la fundamentación de lo dicho es, por lo menos, discutible e incluso deleznable. Voces autorizadas han dicho públicamente que las autoridades se movieron correctamente para evitar un mal mayor al mercado.

Por esa razón, la Ocde en sus recomendaciones ha solicitado que el supervisor financiero tenga mayor autonomía y protección legal frente a sus actuaciones. Tal admonición se hace más urgente frente a lo sucedido y debería extenderse al ámbito de todos los organismos de supervisión y control.

Pero lo más preocupante es que la Procuraduría abre un boquete inmenso para futuros procesos contra el propio Estado. Ya las demandas por motivo del caso InterBolsa cobijan pretensiones que superan el billón de pesos.

Demandas presentadas, aunque cueste creerlo, por los causantes de la quiebra, como es el caso de Alessandro Corridori, que busca reparaciones con alegatos que en el fondo son similares a los del ente de control. No está de más decir que quien debe resarcir los perjuicios no es el Tesoro, sino los responsables, hoy detenidos, y que han aceptado cargos de delitos como estafa, concierto para delinquir y manipulación de acciones.

La demanda ante el Consejo de Estado anunciada por el Superintendente Financiero –quien volverá a su cargo cuando pasen los 11 meses de suspensión– se vuelve de interés nacional. No solo para aclarar cualquier incertidumbre sobre la discrecionalidad de quienes ejercen las funciones de supervisión y control, que pueden empezar a actuar por sospecha para evitar sanciones disciplinarias, sino con el fin de evitar cuantiosos perjuicios a las ya menguadas arcas públicas.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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