Ricardo Ávila

Un tren en discusión

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 15 de 2013
2013-05-15 03:52 a.m.
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En los últimos días ha vuelto a subir de tono el debate con respecto a la minería en Colombia. Una vez más, el sector de mayor crecimiento de la economía en los últimos años es objeto de críticas que apuntan tanto a su conveniencia como a la repartición de una torta cuyo tamaño es sustancialmente mayor que antes, sobre todo por cuenta del carbón, el oro y el ferroníquel.

Lo sucedido en el territorio nacional se parece a lo visto en otros lugares de América Latina. En Perú, Chile o Brasil, el apetito por las materias primas en respuesta a la creciente demanda global se ha traducido en grandes inversiones en proyectos que van del cobre al mineral de hierro.

Gracias, en parte, a esos desarrollos, la región ha tenido una de las mejores épocas de su historia, desde el punto de vista económico, como lo comprueban las cifras del Producto Interno Bruto. Las mayores exportaciones también han incidido sobre un alza en los ingresos fiscales, además de tener un efecto que no es despreciable en materia de empleo. Tales circunstancias han generado una dinámica positiva que sirvió para que se hayan reducido los índices de pobreza y que la llamada deuda social tenga un saldo menor.

No obstante, la bonanza ha despertado sentimientos ambivalentes en la opinión de los países que la han sentido. Si bien el público recibe de buena gana los réditos del boom minero, resiente el efecto ecológico que este tiene. No menos complejo es el asunto relativo a la repartición de las rentas, tanto en el ámbito nacional como regional, sobre todo ante la presencia de compañías multinacionales que despiertan no pocas prevenciones.

Dicho coctel es todavía más difícil de beber en Colombia por cuenta de la falta de experiencia del país en estos temas. Aunque alguien podría decir que un territorio que dio origen a la leyenda de ‘El Dorado’ tiene en su haber mucha historia, las cicatrices del pasado no necesariamente sirven a la hora de manejar de manera racional un sector que tiene muchas aristas.

En particular, es evidente que el esquema institucional ha sido débil durante las últimas décadas, entre otras, porque los proyectos mineros importantes se contaban en los dedos de una mano. Cuando el interés por la actividad empezó a aumentar, quedó claro que las entidades públicas no estaban preparadas para manejar el auge y que los linderos en lo que corresponde a jurisdicciones tampoco se encontraban bien trazados.

Aunque en épocas recientes los vacíos han sido subsanados parcialmente, todavía quedan zonas grises y abundan los actores que en más de una ocasión expresan opiniones francamente contradictorias. Autoridades locales y regionales, además de los órganos de control y el Congreso, todos meten baza en un ramo que, sin ser un árbol caído, da para sacar mucha leña.

Como si eso no fuera suficiente, el Ejecutivo no ha querido participar en el debate. Es sabido que la minería fue escogida por la administración Santos como una de las cinco locomotoras de la prosperidad, pero en general es poco lo que se hace para promoverla, defenderla o trazarle límites, ante lo cual es usual que integrantes de la administración debatan sobre su conveniencia o dejen que la polémica aumente su volumen sin fijar una postura.

Tal actitud posiblemente no haya tenido efectos negativos en la época en la cual las cotizaciones al alza eran el factor que pesaba más que todos en las decisiones de inversión de las compañías del ramo. Sin embargo, ahora que los precios del carbón y el oro van en descenso no estaría de más enviar señales precisas sobre si Colombia quiere cambiar las reglas del juego o no, mientras sube la presión pública en ese sentido. De lo contrario, el país corre el riesgo de que un día el tren se detenga, y cuando quiera reaccionar, no encuentre la manera de prender una máquina que, a pesar de todo, es necesaria para progresar.

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