Ricardo Ávila

Tres por el precio de una

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 04 de 2014
2014-09-04 03:09 a.m.
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El Gobierno dio a conocer el texto del acto legislativo “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”. Este tocaría una treintena de artículos de la Constitución, convirtiéndose quizás en la cirugía más profunda que sufriría la Carta de 1991 si, por supuesto, acaba siendo aprobada por el Congreso al cabo un proceso que será largo y dará pie para muchos debates.

En general, puede decirse que la iniciativa responde menos a cambiar la concepción del Estado que a solucionar problemas aquí y allá. Para utilizar el símil, en lugar de una reforma a la arquitectura, de lo que se trata es de tapar goteras, hacer reparaciones locativas y cambiar el tamaño de algunas habitaciones, además de los criterios sobre la escogencia de los inquilinos.

Lo anterior no necesariamente es malo. No hay duda de que la lista de arreglos pendientes es larga y que en algunos casos se justifica otra manera de hacer las cosas, aunque eso no asegura el buen resultado. Debido a ello, se escuchará más de una crítica, pues no hay una concepción integral de los cambios, así el revolcón en muchos aspectos acabe siendo muy significativo.

En su exposición de motivos, el Gobierno argumenta que hay propuestas tendientes a fortalecer la democracia, hacer más eficiente la administración de justicia y mejorar la eficacia del sistema de controles. Tales capítulos tocan asuntos tan distintos que incluso se podría decir que hay tres reformas en una y que cada sección podría estudiarse en manera independiente.

Aun así, la más atractiva es la primera, pues comprende los temas más taquilleros como la eliminación de la reelección presidencial, la modificación de las reglas de conformación del Senado para que cada departamento tenga al menos una curul, la supresión del voto preferente y la adopción de ‘la silla vacía’, para castigar a aquellas bancadas cuyos integrantes incurran en conductas indebidas.

El regreso a que el periodo del Ejecutivo sea de cuatro años, sin posibilidad de repetir, busca acabar de un plumazo con una experiencia que deja un sabor agridulce y altera el sistema de pesos y contrapesos original. No obstante, es seguro que también se oirán las críticas de antes, que señalaban que el lapso es muy corto para transitar la curva de aprendizaje por parte de una nueva administración. Aunque siempre había la opción de inclinarse por un quinquenio o un sexenio, era menester rediseñar tantas cosas que la determinación fue la de cortar por lo sano.

También limitar la circunscripción nacional tiene sus pros y sus contras. Otra vez el riesgo es que haya barones electorales entronizados en distintas regiones, como era la norma en el pasado. No menos inquietante es que las zonas más despobladas puedan tener una representación desproporcionada o que la línea de corte sea mucho más baja que en las más habitadas.

Un cuestionamiento similar se podría escuchar en lo que se propone con la Rama Judicial, especialmente el retorno al sistema de cooptación que no es propiamente el más democrático. Sin embargo, lo que existe es tan abominable y ha deteriorado tanto el prestigio de las altas cortes, que las voces que claman por un método diferente son las únicas que se escuchan. Habrá que ver si los parlamentarios están de acuerdo con la idea, tanto como con la de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.

Por último, limitar las funciones de los órganos de control y acabar con la posibilidad de que el Procurador repita mandato es algo que cuenta con un gran respaldo, pero que también tiene tanto de largo como de ancho.

Quizás por ello es difícil asegurar que el proyecto de acto legislativo salga adelante, por lo menos sin que se le meta mano. Falta ver cómo se comportan las bancadas de la Unidad Nacional en el Capitolio, pero se equivocan quienes creen que el éxito de la propuesta está asegurado.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

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