En medio de la avalancha de noticias de todo tipo, fue relativamente ignorado el reporte dado por el Dane a comienzos de la semana, que hace referencia a la evolución de la pobreza en el país. Según el organismo, este indicador mostró un cambio favorable en los 12 meses terminados en junio pasado, que nos ubica muy cerca del promedio latinoamericano.
De tal manera, por primera vez en la historia, la proporción de la población que se encuentra por debajo de aquello que los especialistas conocen como la línea de pobreza, se ubicó en menos del nivel simbólico del 30 por ciento. Así mismo, la pobreza extrema cayó a un punto inferior al 10 por ciento, algo que tampoco había sucedido desde cuando se hacen estas mediciones. En concreto, los datos fueron de 29,3 y 8,4 por ciento respectivamente.
Definir quién es pobre y quién no es algo que se hace considerando los niveles de ingreso promedio. En la presente ocasión, y tras actualizar las cifras establecidas por un largo proceso técnico, se determinó que una familia de cuatro personas que reciba menos de 833.616 pesos mensuales en promedio a escala nacional, entra en dicha categoría.
Aun así, vale la pena señalar que el límite en las cabeceras es 67 por ciento más alto que en las zonas rurales, algo que responde a que el costo de una canasta básica es mayor en las ciudades.
Más allá de esas particularidades, los resultados vistos podrían calificarse como muy buenos. En términos absolutos, el número de pobres se redujo en casi 1,2 millones en el último año, el segundo descenso más pronunciado en tiempos recientes. Así, el país continúa con una tendencia de caídas que lleva más de un lustro.
En comparación con lo observado en el 2008, el bajón ha sido de algo más de 12 puntos porcentuales, con lo cual bien podría hablarse de toda una recomposición en lo que hace a grupos de ingreso. La evidencia disponible hace pensar que la clase media continúa en expansión, al igual que aquel renglón en el que se ubican los vulnerables, que son los ciudadanos que se encuentran en un peldaño intermedio y que van en ascenso.
Lo anterior no quiere decir que las cosas sean perfectas o que el camino de construir una sociedad más justa se haya recorrido. Todavía existen 13,5 millones de colombianos que no cuentan con los ingresos que les permitan comprar los bienes alimentarios y no alimentarios que necesitan para vivir dignamente. Y en ese renglón hay casi 3,9 millones de individuos que ni siquiera puede adquirir la comida que necesita.
De tal manera, la única salida posible es persistir en los remedios. Estos no son otros que una mejora continua en la situación del empleo, combinada con ayudas gubernamentales en favor de los segmentos más vulnerables de la población.
Ambos, de hecho, operaron bien en la medición más reciente. Para ponerlo de manera simplificada, el ingreso en el 20 por ciento que componen los colombianos más pobres subió en 10,3 por ciento, algo atribuible en siete décimas partes al tema laboral y en dos al apoyo institucional, a través de programas como ‘Familias en Acción’ o ‘Adulto Mayor’.
Tales progresos comprueban la importancia de tener una economía que marche bien, junto con la capacidad gubernamental de focalizar el gasto, algo que ha venido sucediendo. No obstante, también queda claro que cualquier deterioro en uno u otro frente pueden llevar a retrocesos que, en lo posible, hay que evitar.
Así lo demuestra la experiencia de la región latinoamericana, que ahora empieza a registrar cierto estancamiento en sus indicadores sociales. Para que a Colombia no le suceda lo mismo, es indispensable preservar el crecimiento observado hasta ahora, junto con el espacio presupuestal que se encuentra amenazado por los vientos que soplan en contra. No es fácil, pero no queda otra alternativa.
Ricardo Ávila Pinto
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