Con la emergencia ocurrida en el proyecto de Hidroituango, vuelve a cobrar vigencia una reflexión sobre qué tan confiable es la matriz energética del país y qué ajustes requiere en el próximo quinquenio. La última vez que se hicieron estas reflexiones fue frente al fenómeno climático de ‘El Niño’ del 2015 y 2016, cuando el Sistema Interconectado Nacional (SIN) estuvo a punto de colapsar operativamente debido a la conjunción de varios factores, incluyendo la inesperada salida de varias termoeléctricas, la ausencia temporal de disponibilidad de gas natural y el impasse ocurrido en Guatapé.
En aquel momento, los analistas mencionaban que gracias a la entrada en operación de Hidroituango a mediados del 2018, incluso en los escenarios hidrológicos más adversos, los colombianos tendrían una oferta que superaría la demanda energética hasta finales de la próxima década. Ahora esto puede cambiar, si la demora en la entrada en operación de la presa es superior a dos años. En efecto, según XM, empresa encargada de controlar el despacho de energía, en ese escenario solo a partir del 2022 podría haber momentos en los que la oferta sea menor a la demanda. La consecuencia es que habría que entrar a manejar el consumo vía mayores tarifas o controles cuantitativos –racionamiento–, si no se logra que entren entre el 2019 y el 2022 proyectos de menor tiempo de construcción y de generación distribuida en el SIN.
En estas circunstancias, el sector de las termoeléctricas podría ser una alternativa para ampliar su capacidad con energía en firme. El problema con esta solución es que, probablemente, tendrían que ser termos a carbón y líquidos, por la limitada disponibilidad de gas, lo que resultaría más costosa.
Otra alternativa que permite conciliar y satisfacer a la vez las necesidades de energía y la preservación del medioambiente, se logra si el gobierno invita a participar en el corto plazo a fuentes no convencionales de energía renovable como los eólicos y los fotovoltaicos. Estas tecnologías han reducido sus costos de inversión sustancialmente en la última década, más de 80 por ciento, y ahora compiten en el mundo con formas tradicionales de generación. Si bien el Congreso aprobó la Ley 1715 del 2014 para promoverlas, con generosos incentivos de impuesto de renta, exenciones de IVA y aranceles, aún faltan algunas decisiones de la Creg para poder incorporarlas en el SIN.
Por ello, después de un agrio debate con algunas empresas generadoras, el Gobierno expidió el decreto 570 de marzo de 2018, en el cual le otorga 12 meses a la Upme y a la Creg para tomar las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del SIN proyectos renovables no convencionales mediante la contratación de largo plazo de este tipo de generación eléctrica. Así mismo, le ordena a la Comisión de Regulación determinar el cálculo de los costos eficientes de estas energías a las tarifas eléctricas antes de finalizar julio del 2018.
El Ministerio de Minas y Energía podría fijar las bases de una subasta de contratos de largo plazo de energía exclusivamente para renovables, usando la experiencia internacional. Para ello, las condiciones deben ajustarse a la mayor variabilidad que en la generación pueden tener estos proyectos por las dificultades inherentes a predecir la luminosidad y la intensidad de los vientos. Por otra parte, este tipo de generación eléctrica permite manejos eficientes de la demanda de energía solo si se desarrolla un mercado intradiario que establezca tarifas diferenciales cada hora, para responder a la disponibilidad efectiva de la oferta.
Las energías renovables no convencionales son contracíclicas con la disponibilidad de agua ante los fenómenos de ‘El Niño’. Por ello su incorporación a la matriz energética es una buena medida para reducir el nivel de riesgo que se enfrenta hoy. ¡Que no nos coja la noche tomando estas decisiones!
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto