Ricardo Ávila

¿Otra vena rota?

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
noviembre 12 de 2015
2015-11-12 03:26 a.m.
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La observación la hacen usualmente los visitantes extranjeros. Más de un turista se pregunta por qué, y especialmente en Bogotá, abundan en la calle las hileras de camionetas parqueadas que hacen caso omiso de los letreros de ‘prohibido estacionar’. Así ocurre en la zona rosa, al igual que en, Usaquén, la ‘G’ o el centro de la capital. Las aglomeraciones de vehículos con los vidrios polarizados son notorias en la vecindad de las oficinas públicas, pero todavía más en cercanías de los restaurantes de moda.

La explicación normal es que Colombia sigue siendo un territorio con problemas de seguridad. Debido a la permanencia de organizaciones criminales, es necesario proteger la vida de aquellas personas que corren peligro. La historia de atentados y hechos luctuosos es lo suficientemente larga como para convencer a un interlocutor de que es necesario aplicar el refrán según el cual ‘es mejor prevenir, que lamentar’.

Cuándo el interrogante pasa a ser sobre quién paga el costo de tanta caravana, la contestación normal es que depende. Los líderes empresariales y sus familiares se atienen al esquema que les provee la compañía para la cual trabajan, mientras que aquellos que se encuentran en otras categorías normalmente acuden al Estado.

Tener una suma precisa sobre lo que vale ese esfuerzo conjunto de unos y otros es imposible. Sin embargo, un documento elaborado recientemente por la Contraloría Delegada para el sector defensa, justicia y seguridad permite tener claridad, por lo menos en lo que atañe a las finanzas públicas.

De acuerdo con el reporte, entre el 2011 y el 2014 la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se encuentra adscrita al Ministerio de Interior, ejecutó recursos por 1,12 billones de pesos. Dicha suma tiende a subir. La apropiación definitiva en el 2012 llegó a 251.128 millones de pesos, mientras que el año pasado ascendió a 475.824 millones, lo cual representa un incremento del 89 por ciento.

Por cuenta de lo sucedido, el mensaje que envía el ente de control no podría ser más claro: “el aumento del gasto en los esquemas de protección y su inflexibilidad, puede llegar a convertirse en una vena rota para el erario”. La advertencia es válida a la luz de la eventual firma de un acuerdo de paz que obliga al Ejecutivo a garantizarles la vida a quienes se desmovilicen, mediante esquemas de este tipo.

Contra lo que podría creerse, hay regulaciones que sirven de marco a lo que hace la UNP. Un decreto del 2011 define el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades, funciones o de su cargo. También se definen categorías de riesgo como ordinario, extraordinario y extremo, que ameritan respuestas distintas.

En la práctica, la aplicación de dichos conceptos se tradujo en la existencia de 9.638 esquemas vigentes en el 2014, que incluyeron vehículo –convencional o blindado–, escoltas equipados, conductores y chalecos antibalas. La mayoría de los beneficiarios fueron servidores públicos y exfuncionarios, seguidos por víctimas de violación de derechos humanos y dirigentes de organizaciones como las sindicales.

La inquietud de la Contraloría es que los costos van en aumento. En concreto, el número de esquemas de un año a otro subió 51 por ciento, pero su valor lo hizo en 85 por ciento. Debido a ello, el mensaje es que es necesario una supervisión mayor, al igual que revisiones más juiciosas de los perfiles de riesgo.

Lo anterior obliga, igualmente, a que las personas protegidas entiendan que su condición conlleva derechos y deberes. El primero es que su vulnerabilidad disminuya. El segundo, es la responsabilidad de cumplir normas y leyes. Esa es una forma de reconocerles a los ciudadanos de a pie –que son quienes pagan la cuenta– el esfuerzo que hacen para que estén protegidos.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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