Ricardo Ávila

En vía de solución

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 25 de 2014
2014-02-25 01:40 a.m.
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Los reportes que vienen del Meta indican que se encuentra cerca un acuerdo con los responsables de los bloqueos que tienen paralizadas las actividades en los municipios de Acacías y Castilla desde hace un par de semanas.

Por cuenta de las protestas, se han visto obstaculizadas las operaciones de las empresas que operan en la zona, encabezadas por Ecopetrol.

Aunque a primera vista se podría pensar que el motivo de los trastornos tiene que ver con asuntos que solo conciernen a las poblaciones mencionadas, no es así.

En el caso presente, la piedra de la discordia ha sido la expedición de un decreto a finales del año pasado que reglamentó el servicio nacional de empleo.

La medida, que bien puede calificarse de trascendental, tuvo como propósito ordenar el mercado del trabajo y, por ende, el sistema por medio del cual se reportan las vacantes a nivel local y se les envían a las empresas privadas o públicas los nombres de posibles postulantes que coincidan con los requisitos exigidos para diversos cargos.

Parte de esa responsabilidad recae en diversas entidades, pero quedó en claro que no cualquiera puede calificar para desempeñarlas.

Por ejemplo, uno de los propósitos gubernamentales fue el de ponerle fin a una práctica que empezó a hacer carrera en zonas mineras y petroleras.

Y es que amparadas en la petición de que el empleo debería ser generado localmente, en especial en lo que hace al uso de mano de obra no calificada, las juntas de acción comunal empezaron a abrogarse el derecho de decir quién califica y quién no.

En abstracto, ese papel es razonable. Nadie mejor que los habitantes de una comunidad para determinar quién pertenece a ella.

En la medida en que se enganche a más gente que habita en el área de influencia de un proyecto determinado, también mejorará la calidad de vida y aumentará la sensación de pertenencia.

En la práctica, sin embargo, las cosas son diferentes.

En más de una ocasión el sistema se ha vuelto una manera de obtener dinero, mediante la expedición de certificados de residencia por los cuales se cobra, a lo que se suma la exigencia de parte de los sueldos que reciben los trabajadores contratados.

Es verdad que en algunos municipios las cosas se hicieron bien y que en otros las empresas pudieron desarrollar una buena interlocución con actores locales. Pero en otros, pulularon las juntas de acción comunal, que se pueden crear fácilmente.

Debido a ello, el Gobierno elevó los requisitos para quien preste el servicio público de empleo, a cargo del Sena y otras entidades que comprenden a las cajas de compensación familiar o pueden ser creadas por las alcaldías.

Sin entrar en detalles, por descarte, las juntas de acción comunal quedaron por fuera, lo cual motivó lo sucedido en el Meta.

Dada la pugnacidad de quienes protagonizaron las protestas, el Gobierno prefirió las vías del diálogo, eso sí advirtiendo que el decreto de la discordia no sería desmontado.

De esta manera, se estableció un mecanismo para que representantes de las juntas tengan un papel local, con el cual la tranquilidad debería retornar pronto.

Más allá del esperado arreglo, lo sucedido vuelve a poner de presente cómo las protestas sociales tienen génesis diferentes y crecen en el país.

En el caso concreto del sector petrolero, el año pasado se contabilizaron 440, lo cual quiere decir que bloqueos y manifestaciones se sucedieron al ritmo de una cada 18 horas, muchas de ellas atribuibles al esquema de regalías.

Dicha situación no solo se traduce en mayores costos de operación, sino que le exige al Gobierno reaccionar con rapidez y de forma coordinada.

En tal sentido, hay que elogiar lo ocurrido ahora, pero es indudable que el Ejecutivo tiene que estar atento para ser más preventivo que reactivo, algo que pasa por reconocer que la repartición de la mermelada en la tostada, sigue siendo un factor de perturbación.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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