En días pasados se dió una de esas noticias que tienen un profundo impacto en el sector de telecomunicaciones y, por extensión, en la mayoría de contratos de concesión que el Estado firma con inversionistas locales y extranjeros.
Se trató de la reversión de activos para la telefonía celular, un artículo incluido en lo firmado con las dos compañías que inicialmente prestaron el servicio en 1994 y que dictaba la devolución a la Nación no solo del espectro, sino de las redes físicas (antenas y otros) construidas para su explotación.
Dicha inversión sería amortizada por el pago del servicio en cada factura.
No obstante, en 1998 y, luego, en el 2009, el Congreso modificó tales condiciones excluyendo la infraestructura y dejando el espectro, con el objetivo de incentivar una mayor inversión de los operadores y generar así condiciones para que otras empresas ingresaran al negocio, tal y como sucedió en su momento con dos más.
Ahora bien, según la Contraloría, las leyes adoptadas no modificaron las condiciones estipuladas en 1994, por lo cual decidió demandar los artículos que las cambiaban.
Esa postura fue respaldada hace poco por la Corte Constitucional en un fallo cuyo texto está por conocerse.
Curiosamente, fue el Estado mismo, a través de un Tribunal de Arbitramento, el que planteó la reforma del contrato inicial de concesión. Los efectos de ese nuevo escenario pactado fueron inmediatos.
La inversión en redes e infraestructura pasó de 1,5 billones a casi 2,5 billones de pesos en un año.
Sin embargo, para las compañías afectadas por la decisión –Claro y Movistar– se configura un inexplicable cambio en el marco jurídico con el que negociaron, con seis años de antelación, la ampliación de sus licencias en el 2004.
Puesto de otra manera, la plataforma con base en la cual desarrollaron su actividad a lo largo de la pasada década y media, acaba de derrumbarse.
Como si eso fuera poco, pueden pasar meses antes de que la Corte Constitucional defina el alcance de la reversión que ahora avaló. ¿Qué parte de la infraestructura se deberá entregar?
¿Antenas y redes únicamente o también centros de atención, edificios y demás construcciones que se habilitaron para prestar el servicio? Sin duda, un mar de inquietudes que exigirá ajustes en los estados financieros de los involucrados y dispara directo al corazón de las futuras inversiones, en un ramo que exige millonarios recursos para evitar la obsolescencia tecnológica.
Por lo tanto, el Alto Tribunal deberá detallar o modular la forma en la que se tendrá que manejar, en la práctica, la determinación tomada.
Máxime cuando uno de los operadores afectados –Movistar– vendió parte de esa infraestructura a otra firma, para que su operación fuera tercerizada. Irónicamente, esto acarreará costos para la Nación que, como socia de la empresa, deberá destinar partidas para la recompra de la red que eventualmente será suya.
Por ahora, el efecto del anuncio no se ha hecho esperar.
Los operadores mencionados han decidido apartarse de todos los foros y encuentros relacionados con calidad y despliegue de la tecnología 4G, pues hasta tanto no se defina el futuro de la reversión, las condiciones para continuar con sus inversiones estarán en duda.
Así las cosas, es cuestionable que el país haya hecho el gran negocio que pregona la Contraloría. Es evidente que se requiere una mayor infraestructura de comunicaciones para mejorar la calidad del servicio.
También lo es, que tras las licitaciones del 4G se requerirá la construcción de nuevas redes. Para completar, en pocos meses se deberán renegociar las licencias y los contratos de concesión que expiran en el 2014.
Pero todos esos temas críticos se verán impactados por el limbo que creó la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la responsabilidad de no entorpecer el desarrollo de un sector que es fundamental a la hora de mejorar la competitividad del país.
Ricardo Ávila Pinto
Twitter: @ravilapinto