Ahora que parece haber retornado la calma entre el ministro de Vivienda, Germán Vargas, y el gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, tras un cruce de cartas motivado por la aparente lentitud del gobierno distrital en la entrega de lotes para la construcción de vivienda gratis que ofrece el Gobierno, vale la pena dar una mirada a lo que está pasando con el acceso a la tierra para los más pobres en la capital.
No deja de ser paradójico que Bogotá, dado su tamaño, desarrollo y poder adquisitivo, se haya visto a gatas para garantizar espacios que permitan proveer de vivienda digna a los más necesitados.
A sabiendas de que persiste un déficit cercano a las 300.000 soluciones, que aumenta con los años, bien por razones naturales –la conformación de nuevos hogares– o producto de la inmigración de distinto orden, la ciudad luce rezagada frente a sus pares en el resto del país.
Lo ocurrido en Bogotá –que por poco se queda sin el beneficio de las casas a cero costo– no tiene ninguna lógica si se compara con otras metrópolis, como Medellín. Mientras en la primera se ofrecieron inicialmente lotes que luego fueron objetados por hallarse en zonas de alto riesgo, en la capital antioqueña, una vez abierta la convocatoria, fue cuestión de días para que el gobierno local brindara al Ejecutivo los terrenos para 10.000 unidades con servicios públicos incluidos.
En Cartagena ya empezó la construcción de 3.400 casas; en Valledupar serán 1.600 y en Cali, hace poco, culminó el ‘firmatón’ para dar inicio a la ejecución de un proyecto que incluye 2.471 viviendas.
Asimismo, mientras en toda la región del Valle del Cauca se proyectaron inicialmente 6.178 soluciones, estas se ampliaron a 8.811. Igual sucedió en la Costa Atlántica, que pasó de 4.870 cupos al principio a 7.618.
En Bogotá las cosas han sido a otro precio. Además de los lotes descartados por razones naturales, otros espacios ofrecidos (ocho lotes) presentaron problemas de titularidad, escrituración y acceso a servicios de agua y alcantarillado, lo que impedía promover la edificación de los mismos.
Por fortuna, el tema quedó subsanado y el terreno estará disponible para casi 7.000 cupos.
Para las autoridades distritales, más que entrabes burocráticos o falta de celeridad en la entrega de terrenos al Gobierno, esta serie de incidentes lo que ha puesto en evidencia es la crítica situación a la que ha llegado Bogotá a la hora de contar con suelo público para construir vivienda social.
Y la poca tierra que existe, se ha encarecido o está en manos de privados. Todo como consecuencia, entre otras, de no haber asegurado con años de antelación, la compra de predios que permitiera atender la escasez de hoy.
Pero más allá de las razones técnicas o cualitativas, lo cierto es que resulta urgente que el gobierno capitalino empiece a dar muestras de las soluciones que tiene a la mano para satisfacer la demanda de techo que hoy reclaman más de un millón de personas.
El Ejecutivo está haciendo su parte, mientras las soluciones de la Alcaldía de Gustavo Petro aún parecieran gravitar en el terreno de la planificación, donde la vivienda es apenas uno de los componentes del entorno.
Algunas soluciones planteadas hasta el momento y al calor del debate público han generado temor en sectores de la construcción, como la disposición del 30 por ciento de suelo edificable con destino a Vivienda de Interés Social (VIS), otro tema que enfrenta a Nación y Distrito, pues lo que para el Ejecutivo constituye una traba que puede incidir en la generación de empleo, para la Administración establece un punto de honor en su política de una ciudad menos segregada.
En esa dirección, habrá que mirar con atención el anuncio hecho por el mismo Petro a ‘El Tiempo’, según el cual, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que entra a examen esta misma semana, se plantea un nuevo escenario: volver el aire suelo edificable, esto es, generar millones de metros cúbicos permitiendo el aumento de la edificabilidad en el llamado centro ampliado.
RICARDO ÁVILA PINTO
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