Ricardo Ávila

La voz de las minorías

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
julio 16 de 2014
2014-07-16 05:08 a.m.
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Después de que el Ministerio de Hacienda informó ayer que el 20 de agosto tendrá lugar la subasta que debería determinar el nombre del nuevo socio mayoritario de Isagen, comenzó, ahora sí, la cuenta regresiva en el proceso de enajenación de acciones de la empresa en la cual la Nación es dueña del 57,6 por ciento del capital. Señalar que el trámite de la iniciativa no ha sido fácil constituye una forma de simplificar en exceso una historia en la que han aparecido obstáculos y giros sorpresivos, además de una buena dosis de polémica pública.

Ese debate en torno a vender o no la que es considerada una de las joyas de la corona entre los activos estatales, posiblemente aumentará su intensidad en los próximos días, pues el Congreso que empieza labores el domingo, servirá como caja de resonancia a la discusión. Y es que aparte de los argumentos escuchados, empieza a hablarse de lo que puede pasar con lo que tienen las Empresas Públicas de Medellín o la Empresa de Energía de Bogotá, que también son socias en la segunda compañía generadora de energía en Colombia.

Que el asunto se plantee, tiene varios fundamentos. Para comenzar, el reglamento de venta de las acciones de la Nación hace referencia al documento Conpes 3281 del 2004, el cual definió la estrategia para la enajenación de las participaciones del Estado en empresas del sector público y privado, un concepto que abarca no solo al Gobierno central, sino también a los entes territoriales.

No se trata, ni mucho menos, de que este último les imponga sus decisiones ni su estrategia a Bogotá o Medellín. Las administraciones de ambas ciudades han decidido, por razones muy respetables, mantener la propiedad total o parcial de sus respectivas empresas de energía, mientras que Juan Manuel Santos ha dicho que su propósito es que los más de 5 billones de pesos que aspira a recibir sirvan para financiar el plan de vías de cuarta generación, más conocido como 4G.

Sin embargo, habría sido deseable que existiera un mínimo de coordinación del Gobierno nacional con los municipales, porque Isagen forma parte del patrimonio público y las decisiones de un accionista pueden crear o destruir valor para los otros socios. No se trata de cuantías menores, pues el 12,9 por ciento que tiene EPM en la firma puede valer más de 1,1 billones de pesos, y el 2,5 por ciento que posee la EEB ascendería a unos 220.000 millones.

La gran ironía es que ambas entidades manifestaron su intención de adquirir la participación ofrecida, lo que se hubiera podido hacer por un convenio interadministrativo sin necesidad de seguir el proceso de privatización exigido por la Ley 226 de 1995. Como es sabido, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró –con argumentos que han sido cuestionados ante los tribunales– que si ello sucedía se consolidaría una posición dominante en el mercado de electricidad.

Ante la imposibilidad de comprar, el Alcalde de Medellín está solicitando autorización al Concejo para salir de su parte, mientras que Bogotá estudia si sigue el mismo camino. Para obtener el mejor precio, el ideal sería que las dos capitales pudieran venderlas con el paquete de la Nación o en la oferta pública que debe hacer el comprador a los minoritarios.

El problema ahora es que las entidades territoriales también deben surtir el procedimiento de la Ley 226 para hacer la transacción y es imposible cumplir el cronograma, si la negociación se realiza dentro de un mes. Por tal motivo, el Gobierno Santos no debería ser indiferente a una petición de darle una mirada a las fechas y eventualmente ajustarlas, en caso de que los burgomaestres de ambas ciudades le hagan una solicitud al respecto. De lo contrario, puede ser acusado de afectar el patrimonio municipal, al incidir sobre el valor de participaciones que podrían no valer lo mismo en el futuro. Y ese es un desgaste que no vale la pena.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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