“En TigerCompanies, la ética es reconocida como el principio más importante de todas sus acciones, por esto actúa en consecuencia con la honestidad, la sinceridad, la justicia, la equidad, el respeto, la dignidad y la responsabilidad”. Así reza uno de los apartes del informe de sostenibilidad del grupo mencionado, que incluye a PetroTiger, la compañía cuya existencia saltó a la palestra esta semana, tras revelarse que tres de sus antiguos ejecutivos fueron arrestados en Estados Unidos por haber violado la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero.
La acusación hace referencia a dos negocios. Uno fue la compra de una sociedad en Filipinas, en la cual los detenidos obtuvieron una comisión que escondieron de dos de sus socios de nacionalidad colombiana que aportaron 35 millones de dólares.
Otra fue la obtención de un contrato de mantenimiento que le fue adjudicado a Mansarovar Energy por Ecopetrol y que acabó siendo ejecutado por PetroTiger, tras el pago de un soborno por 333.500 dólares a un funcionario de la compañía de mayoría estatal. El valor de los trabajos ascendió a 39,6 millones de dólares y la utilidad bruta fue cercana a los 3,5 millones
No se trataba de directivos de segunda clase. Entre los implicados están los fundadores de la empresa, Joseph Sigelman y Knut Hammarskjold, al igual que el exasesor legal, Gregory Weisman, todos ciudadanos del país del norte.
En el peor de los casos, los dos primeros podrían llegar a pagar 20 años de prisión, mientras que el tercero –que ya se declaró culpable– probablemente reciba una sentencia mucho menor, además de verse obligado a cancelar una multa.
Ninguno, a decir verdad, parece tener relación reciente con los asuntos cotidianos de las diferentes sociedades de TigerCompanies que operan desde Bogotá bajo un mismo paraguas y muestran en sus cifras financieras una operación sólida y rentable.
No obstante, es indudable que el impacto reputacional de la noticia es inmenso y que será necesaria una intensa labor para que el agua sucia derramada en el 2010, no se vuelva una mancha imborrable cuatro años más tarde.
Tampoco es bueno que Ecopetrol sea vea involucrada en lo sucedido.
Para comenzar, porque se trata no solo de la empresa más admirada por los colombianos, sino de la más grande y rentable del país.
De su buena marcha dependen miles de empleados y pensionados, pero sobre todo la salud de las finanzas públicas. Y es que estas se nutren de lo que la petrolera le paga por impuesto de renta y por los dividendos que le gira, al ser la Nación su principal accionista.
En total, lo entregado por ambos conceptos en el 2013 superó los 18 billones de pesos.
Adicionalmente, y más allá de lo que digan las cifras contables, la compañía tiene a la credibilidad como uno de sus principales activos.
De tal manera, ninguna de las decisiones que tome –algunas acertadas y otras no, como es usual en el mundo de los negocios– puede verse oscurecida por una sombra de supuesta venalidad en su accionar.
Semejante requisito es indispensable cuando se tiene en cuenta que el plan de inversiones para el presente año asciende a 10.595 millones de dólares, distribuidos entre Ecopetrol y sus subsidiarias.
Debido a ello, y aunque los hechos sucedieron hace tiempo, hay que tomar el toro por los cuernos y destapar lo que sea necesario, para que quienes resulten tiznados en Colombia, salgan a la luz pública.
Ello permitirá el accionar de la justicia, como también que haya tranquilidad entre el público.
En tal sentido, es encomiable el mensaje de que la entidad ha cooperado con las autoridades, como le corresponde. Igualmente, esta tiene que volver a hacer explícito que no existe espacio alguno para la corrupción, porque como lo demuestra el episodio de PetroTiger, no basta con propósitos de buena conducta, sino que es necesario aplicarlos.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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