Eduardo Aldana Valdés

Por ahí no es la cosa: justicia

El apelativo ‘honorable’ es tan común que se ve como una irreverencia su omisión.

Eduardo Aldana Valdés
POR:
Eduardo Aldana Valdés
febrero 12 de 2013
2013-02-12 12:14 a.m.
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Entre las expresiones más frecuentes usadas en Colombia por medios de comunicación y personas en general, cuando se refieren o dirigen a la administración de justicia, están ‘majestad de la justicia’, ‘honorable juez’ y ‘honorable magistrado’. El apelativo ‘honorable’ es tan común que se ve como una irreverencia su omisión al dirigirse a un administrador de justicia. Lo mismo sucedía con el vocablo ‘excelentísimo’, usado al referirse a altos gobernantes hasta bien entrado el siglo XX. Uno de nuestros expresidentes promovió su cambio, en su caso, por la expresión más democrática de ‘señor presidente’.

Esas expresiones reflejan herencias de nuestro pasado colonial y una cultura de halagar al poderoso para recibir sus dádivas. Otra manifestación, no tan ingenua, es el cambio del término ‘servidor público’ por ‘funcionario público’ para diluir la responsabilidad de un empleado de cualquier rama del Estado por el bien común o bien público.

El uso de esos calificativos en la rama jurisdiccional desvía nuestra atención de los asuntos de fondo que afectan su buen funcionamiento. Cuando una persona llega al ejercicio de la judicatura y se le califica de ‘honorable’, asumimos que, de alguna manera, un espíritu misterioso ‘se posó’ sobre ella y la distanció de las debilidades del resto de sus compañeros de viaje en este mundo. Ello no es así. Una muestra es la investigación hecha por profesores de la Universidad Ben-Gurion y sintetizada en The Economist (abril del 2011) en la sección ‘La ciencia de la justicia’. Sigue la traducción libre de un aparte de ese artículo:

“Los investigadores siguieron las más de mil peticiones decididas por ocho jueces israelitas, en 10 meses, y presentadas por detenidos ante juntas de libertad condicional. Las solicitudes incluían la concesión de libertad o el cambio en las condiciones de encarcelamiento. Se encontró que al comienzo del día laboral, los jueces resolvían favorablemente dos tercios de las solicitudes. A medida que pasaban las horas, el número de fallos favorables caía abruptamente, llegando a cero en algunos días. Pero la clemencia retornaba después de cada uno de los dos recesos de los jueces para merendar. La fracción de solicitudes aprobadas ascendía a cerca de su valor original, antes de volver a disminuir con el ocaso del día”.

El relato anterior puede no tener más validez que la que se concede a una anécdota. Pero, su lección es que jueces y magistrados tienen necesidades, pasiones, prejuicios, emociones, conocimientos, habilidades intelectuales, sesgos culturales, virtudes y defectos adquiridos, como sus conciudadanos, desde su gestación vital y a lo largo de sus existencias, y no solo aquellos moldeados después de tomar posesión de sus cargos. Por ello, es necesario desarrollar estrictos procesos de selección, abiertos al escrutinio público de sus actuaciones anteriores, limitar el ámbito de sus decisiones para no exponerlos a las prácticas de la politiquería, y crear mecanismos que amplíen la participación ciudadana en la inspección de sus procederes jurídicos, y de los conflictos de sus intereses con el bien común, como ha sucedido con algunos de los fallos de las cortes sobre la equidad de las pensiones. Estos temas serán tratados en columnas subsiguientes.

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