Dichas entidades no solo tienen poder económico, al igual que burocrático, sino que ejercen mucha influencia.

Faltan apenas un par de días y el ambiente está caldeado. Todo por cuenta del proceso electoral que tiene lugar el próximo jueves, en el cual cerca de 67.000 afiliados a nivel nacional votarán en su respectiva jurisdicción para elegir a las juntas directivas de 57 cámaras de comercio que operan en todo el país.

El tema no es de orden menor. Dichas entidades tienen, en mayor o menor grado, un considerable poderío económico y burocrático, aparte de una notoria influencia en los municipios o regiones en las que operan. Si bien ser integrante de una junta no deja un beneficio tangible –pues se trata de cargos ad honorem– hay réditos que se pueden obtener de otra manera, mediante el apoyo a una obra o la presión a un alcalde, para solo mencionar un par de casos.

Tales motivos han despertado desde hace tiempo el apetito de diferentes sectores, especialmente el político. En más de una ocasión, el barón de turno ha logrado poner un pie en la puerta en tal o cual ciudad, aunque son contados los casos en los que las intenciones más oscuras han salido adelante.

Esos antecedentes justifican de sobra la necesidad de mantener la guardia en alto. Pero tal parece que en esta ocasión habrá que extremar todavía más las precauciones ante ciertos comportamientos atípicos en las afiliaciones. Así, se ha observado un crecimiento sorpresivo en su número, algo que no es un fenómeno general, sino que está restringido a un puñado de capitales en donde se ha evidenciado un salto en el total de empresas unipersonales o sociedades por acciones simplificadas, que se han vinculado.

Para un observador desprevenido, tal incremento debería ser una buena noticia en un país en el cual la informalidad abunda. No obstante, mentes más desconfiadas han señalado que unos cuantos centenares –o incluso decenas– de nuevos afiliados pueden influir de manera determinante sobre una elección, particularmente en los renglones que se disputan por apenas un puñado de votos. Debido a ello, se ha solicitado la presencia vigilante de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual debe extremar sus controles para evitar abusos y futuros dolores de cabeza.

Lo que está en juego es un sistema que funciona bien. No de otra manera puede calificarse un esquema que administra los datos de más de tres millones de personas naturales y jurídicas, al igual de más de 2,4 millones de establecimientos de comercio. Con razón se dice que las cámaras son un engranaje para bien de la economía, sobre todo cuando este se encuentra bien aceitado.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, crear una empresa en Colombia es un proceso relativamente sencillo que involucra tan solo un trámite y puede tardar menos de dos días. Gracias a esa realidad, en los últimos cuatro años el país pasó del puesto 79 al 37 en el indicador de facilidad para hacer negocios que elabora el Banco Mundial.

Aparte de lo anterior, las cámaras tienen un rol muy importante en temas de desarrollo institucional e impulso a la competitividad. En un país que enfrenta tantos cuellos de botella en estos asuntos, las mencionadas entidades han resultado fundamentales para proponer acciones y trazar una hoja de ruta con visión de futuro.

Nada de eso será posible, sin embargo, si esta semana triunfan las planchas que buscan no el bien común, sino el particular. Por tal motivo, y más allá de las pesquisas que hagan las autoridades, lo más indicado es que el proceso del jueves tenga un elevado nivel de participación, para que el sector privado pueda votar en plena libertad y elegir a los mejores en cada localidad.

Tal como ocurre en situaciones en las que es indispensable el concurso de la ciudadanía, la asistencia masiva a las urnas es la que garantiza que unos pocos no tuerzan el espíritu democrático que ha acompañado tradicionalmente a las cámaras de comercio. Todos y cada uno de los afiliados tienen ese derecho. Ahora ha llegado la hora de ejercerlo.

RICARDO ÁVILA PINTO
ricavi@portafolio.co