Cerca del 30 por ciento de los colombianos encarcelados está en etapa de investigación o juzgamiento.

Volver la detención preventiva una regla y no una excepción nos ha llevado a prostituir el procedimiento penal en Colombia.

“No mandemos a la cárcel por conjeturas. ¡Mandemos por hechos!”, decía de manera vehemente aquella jueza que revocó, hace ya algunas semanas, la medida de detención preventiva contra Luis Carlos Restrepo.

La verdad es que, en Colombia, los carcelazos por todo y cualquier cosa se nos volvieron paisaje y triste muestra de que en la actualidad para cada caso existe un preso. aún cuando estemos lejos de que para cada crimen haya ‘una verdad’.

Volver la detención preventiva una regla y no una excepción nos ha llevado a prostituir el procedimiento penal en Colombia y a meternos con la más sagrada conquista en materia de derechos ciudadanos y garantías constitucionales: la libertad.

Y es que aunque la cárcel sin condena solo se justifica por el riesgo inminente de fuga, la alteración de la prueba o la peligrosidad que represente un sujeto para la sociedad, en este país resolvimos que los fiscales demuestran carácter y buenos resultados metiendo gente a la cárcel sin más.

Como consecuencia de esto, más de 25 mil personas permanecen privadas de la libertad apenas en etapa de investigación o juzgamiento.

Una cifra cercana al 30 por ciento de los colombianos encarcelados se encuentra en esta situación sin haber recibido condena, y la experiencia demuestra que muchos de ellos terminarán libres después de estar varios meses -o acaso años- injustamente retenidos en una prisión.

Una vez recobran la libertad, la mayoría reclama a la Nación por el tiempo perdido y el daño, casi irreparable, causado en contra de su dignidad y honra.

No exagero. La Fiscalía está en el ‘top 5’ de las instituciones públicas más demandadas por particulares y en el sector de la justicia es la primera, seguida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Contra el órgano acusador en Colombia hay pleitos vigentes que superan los 18 billones de pesos, de los cuales más de 15 billones son por injustificadas privaciones de la libertad y otros hechos generadores de falla en el servicio.

Ya la Fiscalía General ha tenido que pagar cerca de 80 mil millones de pesos por estos ‘errores’ a los ciudadanos perjudicados con decisiones que nunca debieron ser.

Nuestro sistema es tan perverso que aunque existen los jueces de garantías para avalar o desestimar estas órdenes de captura, como supuesto filtro para evitar que se cometan injusticias, cada vez que un juez se atreva a negar una detención termina siendo investigado por la propia Fiscalía que, en materia penal, inquiere a los funcionarios de control de garantías.

Ello explica que los jueces casi siempre aprueben los ‘carcelazos exprés’ que está ordenando la Fiscalía de manera irresponsable en los últimos años.

A este fenómeno se suma el hecho de que el Estado casi nunca repite contra sus funcionarios imprudentes.

En menos del dos por ciento de los casos, los jueces o los fiscales están siendo demandados directamente y siempre el cheque es girado por cuenta de ‘la Nación’.

Consuela que el nuevo Fiscal esté revisando este tema pues como alguien dijo una vez, “prefiero ver a un culpable libre antes que a un inocente preso”. En Colombia, hay miles de los primeros y cientos de los segundos. ¿Hasta cuándo?

José Manuel Acevedo M.

Analista