Son tantas las oportunidades en las que se ha anunciado el derrumbe del sistema de salud, que otro grito de auxilio apenas si logra llamar la atención de la ciudadanía.

Pero todo indica que ahora sí el colapso se avecina, a menos que se logren tomar correctivos con prontitud.

Quien lo dude, no tiene más que mirar la inmensa crisis del sector hospitalario, agobiado por problemas de cartera, o la creciente iliquidez de las EPS, que se traduce en la inviabilidad de la mayoría.

Sin ir muy lejos, a comienzos de la semana pasada, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de Emdisalud, que venía prestando sus servicios a 920.000 afiliados, sobre todo en Antioquia, Córdoba y Bolívar.

En principio, los usuarios serían trasladados a otras entidades que asumirán la responsabilidad de atender al público que quedará en el aire.

El problema, sin embargo, es encontrar quién reciba la posta. Hace un par de días se supo que dos EPS que operan en Bogotá le informaron al Gobierno que abandonan la prestación del servicio por la sencilla razón de que los números no les dan.

En pocas palabras, el costo promedio de un afiliado es superior a lo que se les reconoce por este, aparte de la demora en los giros, las investigaciones de los entes de control y los rechazos a las cuentas de cobro.

Por cuenta de esa situación, a la quebrada Caprecom le han asignado más usuarios, con lo cual esta empieza a parecerse al Seguro Social de antaño. Irónicamente, se ha venido produciendo una nacionalización del sistema de salud por la puerta trasera, algo que satisfacería a unos pocos, pero les puede salir carísimo a los colombianos.

La razón primordial es que el esquema vigente es insostenible. Mientras los países ricos recortan beneficios para hacer viable la atención médica con base en recursos públicos, en Colombia impera un plan ilimitado, en el cual no hay procedimiento excluido, así tenga un costo exorbitante o su adopción responda a criterios discutibles.

Tanto las determinaciones de la Corte Constitucional como las tutelas han abierto un dique por el que se van recursos millonarios y en el que es posible encontrar múltiples abusos.

Al tiempo que eso ocurre, las EPS, que son la piedra angular del modelo adoptado en 1993, están siendo estranguladas.

Para comenzar, no hay claridad sobre los recobros pendientes de pago por el Fosyga, que hasta septiembre del 2011 ascendían a 1,4 billones de pesos, una suma que duplica el patrimonio combinado del sector.

Si bien el Gobierno ha dicho que desearía mantener la arquitectura vigente, hay una gran distancia entre lo que afirma y lo que hace, al agravar una situación de liquidez que raya en lo inmanejable.

Pero aun si se giraran los fondos, hay un inconveniente estructural. Dicho con claridad, el sistema de salud cuesta mucho más de lo que el Ejecutivo reconoce.

Por tal razón, hay que equilibrarlo, pero ello requiere sincerar las cifras.

Aparte de lo anterior, el Ministerio de Salud ha visto crecer la bola de nieve sin reaccionar a tiempo.

Así lo deja en evidencia la falta de reglamentación total de la Ley 1438 aprobada el año pasado o el uso limitado de las herramientas del decreto antitrámites expedido en enero.

La mezcla de líos financieros y estructurales, junto con la pasividad gubernamental, es la causa de que el sistema de salud esté haciendo implosión.

Ante la emergencia, han aparecido fórmulas de solución, que demuestran que todavía hay salidas.

La única dificultad es que todas exigen liderazgo, porque la cirugía requerida es de fondo y comienza por reconocer que hay una crisis financiera descomunal.

Pero si la administración Santos no actúa ya, se enfrentará a la rabia de miles de personas que perderán acceso a un servicio fundamental, desatando tempestades que no le convienen a la Casa de Nariño ni a los colombianos del común.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co