Acaban de cumplir su primer semestre de gobierno los alcaldes y gobernadores que tomaron posesión el primero de enero.

El balance de sus gestiones es, cuando menos, agridulce, en un ambiente político nacional deteriorado por la polarización entre santistas y uribistas, que afecta de manera negativa el clima de opinión en las regiones.

El caso de Bogotá es dramático.

En seis meses al frente de la alcaldía, Gustavo Petro no ha logrado plantearles a los capitalinos una idea clara de lo que persigue, ni de sus prioridades.

La sensación de que el mandatario pica hoy aquí y mañana allá, con anuncios improvisados a los que luego no les da seguimiento, se ha generalizado y explica que tenga uno de los más bajos índices de aprobación (30 por ciento, según el Gallup Poll).

Es justo reconocerle el descenso de más del 20 por ciento en los índices de criminalidad, en especial en homicidios, que él atribuye a la prohibición del porte de armas.

Pero en los demás frentes críticos (movilidad, obras y política social), la improvisación manda, lo que explica que buena parte del gabinete haya cambiado con apenas unas semanas de desgaste.

En Antioquia y Medellín, hay de cal y de arena.

Aunque, tanto el gobernador Sergio Fajardo como el alcalde Aníbal Gaviria mantienen buenos índices de aprobación (por encima del 70 por ciento), sus gestiones están amenazadas en dos grandes frentes: seguridad y obras públicas.

En el primer campo, por momentos, algunos indicadores mejoran, pero la sensación es de rebrote de la amenaza guerrillera y de un alza en la actividad de las bandas criminales, tanto en la capital como en la provincia.

En cuanto a las obras, la demora en arrancar las Autopistas de la Montaña y el freno por razones ambientales del Túnel de Oriente plantean dudas sobre el futuro de la infraestructura en una región que ha sido líder en este campo.

El tema del Valle del Cauca es, sin duda, el más dramático. Con tres gobernadores en menos de seis meses, y uno recién elegido, es imposible sostener una sola política pública.

A la sensación de crisis política y corrupción se suma la amenaza de los grupos armados sobre algunos municipios.

La esperanza de la región estaba cifrada en la alcaldía de Cali, en cabeza de Rodrigo Guerrero, pero el arranque no ha sido auspicioso. Muchos anuncios, varios frentes de debate abiertos y poca concreción por parte de un equipo que luce disperso, explican que la labor de Guerrero sea desaprobada por casi cuatro de cada diez caleños, mientras el 48 por ciento cree que las cosas en la ciudad están empeorando.

Para rescatar, los avances en seguridad: la mejora de esos indicadores fue alabada hace pocos días por Juan Manuel Santos.

En Barranquilla y el Atlántico, hay un balance mixto. Aunque la alcaldesa Elsa Noguera no consigue hoy los índices de aprobación récord que tuvo su antecesor, se mantiene en terreno positivo y plena actividad.

La seguridad le da dolores de cabeza por la persistente acción de las bandas criminales, aunque algunos indicadores van mejorando.

Pero las obras públicas y la inversión social siguen a buen ritmo, en una ciudad que vive tiempos de bonanza por cuenta de la renovada actividad industrial y comercial en el ambiente de los TLC.

Acerca del gobernador José Antonio Segebre, ha resultado una gratísima sorpresa.

Ha tenido que enfrentar el drama de los municipios del sur, devastados por la doble ola invernal del 2010 y 2011, pero ha hecho mucho con poco (con fondos del departamento y apoyo de empresas privadas), en un proceso de recuperación de viviendas, servicios y vías que ahora debe recibir el impulso de las inversiones del Fondo de Adaptación.

Es apenas un corte de cuentas parcial, referido al primero de ocho semestres de mandato de estos gobernantes. Ojalá que en seis meses, cuando llegue la hora del balance anual, las buenas noticias superen por mucho a las malas.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co