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Emilio Sardi

El virrey

Emilio Sardi
POR:
Emilio Sardi
julio 25 de 2013
2013-07-25 03:27 a.m.
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La oficina nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se estableció por una invitación voluntaria de Colombia hace 16 años, durante el (¿des?)gobierno de Samper. Según el acuerdo que la fijó, esta centraría sus actividades en la cooperación con el Gobierno de Colombia, fomentaría un clima de confianza con todos los sectores, actuaría con discreción y “no suplantará las competencias de los órganos nacionales e intergubernamentales a los que la ley colombiana o los tratados internacionales de los cuales sea parte Colombia, les hayan conferido facultades de control, investigación y juzgamiento”.

Los límites fijados por este acuerdo al alcance de las declaraciones que puede hacer esa oficina son reiteradamente violados por su director, quien actúa con las ínfulas de un virrey y, con estilo colonial, pasa por alto e interfiere con las competencias de las instituciones colombianas. Este míster genera continuas confrontaciones con permanentes pronunciamientos de sesgos innegables. Su pretensión de interferir con el proceso legislativo colombiano es insultante, como escandaloso su deseo de suplantar las funciones de la Fiscalía y otros entes judiciales del país. ¡Y, ahora, dizque va a “ayudar” con las “reglas de juego” del Catatumbo!

La verdad es que en Colombia hay más de 20 agencias del sistema ONU con múltiples instancias para trabajar en DD. HH., y no se requiere una oficina separada como esta. Solo 13 países y territorios tienen una de ellas, pues nada obliga a tenerlas. Y la nuestra, además de ser la más antigua, es la más costosa de todas, representando el 11,4 por ciento del presupuesto y el 14 por ciento de los funcionarios de las 59 misiones de la Acnudh en el mundo, incluidas oficinas regionales, nacionales, operaciones de paz y otros asesores.

La razón es obvia: para los burócratas internacionales no hay mejor negocio que vivir en el norte de Bogotá, con todos los privilegios del primer mundo, y gozar de las prebendas que les asignan por estar estacionados en un país, que ellos mismos, en un caso claro de perro amarrado con longaniza, clasifican negativamente.

El Estado colombiano es capaz de cumplir por sí mismo sus obligaciones internacionales en promoción y protección de los derechos humanos sin necesidad de tener aquí un virrey imponiéndonos sus caprichos. Además, acá las puertas están abiertas para visitas e informes de todo tipo de entidades y relatores internacionales de DD. HH. En vez de desgastarse con esta oficina, nuestro Estado debe concentrar sus esfuerzos en consolidar una institucionalidad propia en derechos humanos, aplicar con rigor las políticas en ese campo, fortalecer la justicia, y trabajar con entes internacionales que sí sean constructivos y objetivos.

Respeto el derecho a profesar ideologías de quienes lo hacen, pero no necesariamente son ellas respetables. Es tan malo para Colombia firmar tratados en los que se entrega la soberanía nacional y se establecen privilegios para las multinacionales extranjeras en aras del ‘libre comercio’ –y en detrimento de los derechos de los colombianos y del empleo nacional–, como arrodillarse ante los caprichos de los burócratas que nos envían los mamertos europeos. Lamentablemente, este 20 de julio no nos independizamos de la intromisión de este virrey y su oficina. El 7 de agosto del 2014, Colombia debe hacerlo.

Emilio Sardi

Empresario

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