A primera vista, el comunicado que expidió ayer la agencia calificadora Moody’s, se refiere a un caso.

En reacción a los sucesos de Paraguay el viernes pasado, en donde el presidente Fernando Lugo fue destituido fulminantemente por el Congreso, la entidad señaló que se “destaca la debilidad institucional y la alta susceptibilidad a eventos de riesgo en el país”.

Aunque la nación suramericana mantuvo la nota que tenía en la calificación de su deuda, esta puede cambiar si “los disturbios sociopolíticos socaban la gobernabilidad” o si las relaciones con la región “cambiaran de tal manera que las perspectivas comerciales y de crecimiento se deterioran seriamente, es decir, que se le impusieran sanciones”.

Para quienes leen entre líneas, el mensaje de la firma estadounidense es que no basta con las cifras económicas para mejorar en esta materia, si en el campo de la administración pública o el balance de poderes hay problemas serios.

Tal advertencia debería ser escuchada en Colombia, en donde el Congreso se apresta hoy a considerar las objeciones que le hizo la Presidencia de la República al acto legislativo que pretende reformar la administración de Justicia.

Más allá de que el Ejecutivo logre enmendar la plana, tras haber cometido múltiples errores que estuvieron a punto de ocasionar un inmenso desbarajuste jurídico, queda claro que el país no sale bien parado del episodio.

En lugar de la tierra de oportunidades que aprendió las lecciones del pasado y empieza a transformarse, regresan los vicios de siempre, los mismos que pueden cambiar las reglas del juego en un abrir y cerrar de ojos.

La calidad de las normas, y del propio manejo estatal, han quedado comprometidas.

Dicho lo anterior, también se puede alegar que el país pudo corregir el curso a tiempo. Bajo esa postura, las alertas funcionan, los medios de comunicación reaccionan rápido y la sociedad tiene la capacidad de presionar cambios, algo que no necesariamente ocurre en el resto de América Latina.

Pero más allá del cristal con que se vea el suceso de la reforma judicial, una de las conclusiones que surge es que la calidad de las instituciones locales es pobre.

Sin desconocer que la economía se ha modernizado, la administración pública no solo se ha quedado rezagada, sino que cuenta con un respaldo bajo entre la ciudadanía.

El de Colombia, por supuesto, no es el único caso en la región.

A decir verdad, el traspié de la semana pasada es de orden menor frente a lo que pasa en Venezuela, en donde Hugo Chávez controla de forma directa o indirecta los asuntos de la nación bolivariana. Tampoco el hecho es comparable con lo que se ve en Ecuador o Nicaragua, para citar dos ejemplos de territorios en donde los mandatarios respectivos imponen su voluntad. Y siempre se puede hablar de Argentina, en donde la expropiación de la petrolera YPF demostró que las garantías a la inversión son un saludo a la bandera.

No obstante, en ninguno de esos países se pretende que el sector privado sea un motor de crecimiento y progreso.

Debido a ello, si Colombia quiere aprovechar los vientos que corren a favor de las economías emergentes, tiene que prestarle atención al funcionamiento del aparato estatal para que este responda no solo a las exigencias de un mundo globalizado, sino que cumpla sus funciones a cabalidad, en un marco de transparencia.

En palabras concretas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que mejorar su desempeño, porque de lo contrario seguirán actuando como un lastre en el camino hacia el desarrollo.

Eso quiere decir que el propósito de impulsar reformas institucionales no se puede perder, a pesar del descalabro visto. Las cosas salieron mal, pero pueden resultar peor si siguen como están y brilla por su ausencia el liderazgo que se requiere para que las instituciones colombianas operen con más efectividad que ahora.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co