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Erick Rincón Cardenas

Administración electrónica para el Estado

Con la entrada en vigencia del Decreto 019 de 2012, la simplificación y racionalización de trámites ante las entidades del Estado, a través de medios electrónicos con plena seguridad jurídica y técnica, puede ser una realidad.

Erick Rincón Cardenas
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Erick Rincón Cardenas
diciembre 11 de 2012
2012-12-11 02:26 a.m.
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Las organizaciones públicas tienen un importante papel en la nueva economía, facilitando el desarrollo económico y la inclusión social. Con ocasión de dicho Decreto, la administración electrónica se puede definir como una nueva forma de gestión pública, basada en el uso interactivo de las TIC, con el doble fin de la prestación de mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, así como la mejora de procesos internos de las entidades.

La administración electrónica implica el uso de Internet para el desarrollo de servicios públicos rápidos e interactivos. Esta acepción incluye dos aspectos complementarios. Uno, los ciudadanos están bien informados y atendidos (e-goverment services), y dos, pueden participar activamente en los procesos públicos. Este segundo aspecto nos lleva al concepto de democracia electrónica (e-democracy processes).

La administración electrónica abarca cualquier tipo de servicio, en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana, desde cualquier lugar, y desde multitud de dispositivos de acceso, como el ordenador, el teléfono móvil, la televisión digital, PDA, etc. Cada vez más, organizaciones y entidades públicas muestran un impulso decidido por lograr una ‘administración electrónica’. Las líneas de actuación fundamentales de cualquier proyecto de administración electrónica se apoyan en tres elementos esenciales: el acceso público de los usuarios a los servicios, la reorganización interna de la propia administración y el intercambio de información entre la administración. Esta va más allá de un simple servicio telemático, y se sustenta en dos pilares básicos: la seguridad, proporcionada por infraestructuras técnicas, y la validez jurídica, impulsada por un desarrollo normativo paralelo. Sus principales beneficios son: recorte de gastos (Con el ahorro de papel derivado de envíos y almacenamientos se reducen los costos del proceso); agilidad en la tramitación (Los diferentes pasos de un trámite se pueden realizar en pocos minutos, sin necesidad de desplazamiento alguno); ahorro de espacio (Los documentos generados pueden ser almacenados fácilmente en medios magnético u óptico). Mediante el empleo de certificados y firmas digitales se garantiza la autenticidad, integridad y el no repudio de los documentos.

Uno de los aspectos más relevantes de la normatividad vigente es que las actuaciones de la administración pública deben contemplar la aplicación de mecanismos que permitan garantizar ciertos principios básicos exigibles a la documentación electrónica: la autenticidad del origen; la integridad de su contenido y su adecuada conservación o disponibilidad. Una de las soluciones más conocidas y que poseen los principios mencionados es la firma digital incorporada al mensaje de datos, la cual es empleada por el propietario y permite verificar que el contenido enviado no haya sido alterado o transformado y que pueda ser considerado como evidencia digital en caso de consultarlo posteriormente.

En resumen, la iniciativa del Gobierno Nacional de promover el buen uso de las TIC debe ser una política permanente y sostenible. El Estado debe apostarle a seguir mejorando sus índices de eficiencia y competitividad, y uno de los pasos para alcanzar ese reto es la administración electrónica.

ERICK RINCÓN CÁRDENAS

GERENTE DE CERTICÁMARA

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