Lo sucedido en el Congreso es útil si sirve para que el Ejecutivo entienda que no siempre se sabe todas las respuestas.

El miércoles pasado, tras haber llegado al territorio nacional después de participar en la cumbre del Grupo de los 20, en México, Juan Manuel Santos estaba contento. Al encabezar el acto en el que fue sancionada la Ley de Vivienda, el mandatario sostuvo que el país había sido descrito como un ejemplo de lo que está bien en un planeta que contempla la posibilidad de una contracción en la producción global.

Según contó el Presidente, al responder en tierra azteca a las preguntas que se le hacían sobre por qué las cosas estaban bien por estos lares, el mensaje era uno: “tenemos gobernabilidad”. Y agregó: “unimos al país para producir las leyes y las reformas constitucionales que (lo) benefician”. Por tal motivo sostuvo que la legislatura que acababa ese día era “histórica” y que todo ello se debía a que “trabajamos de la mano del Congreso”.

Pocas horas después, sin embargo, el ambiente era otro. Recién desembarcado del avión que lo trajo de Brasil, en donde estuvo en la reunión de Río+20, Santos hizo una intervención en televisión en la que anunció el jueves en la noche que “devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación”.

Las causas de la determinación son bien conocidas, al igual que el respaldo de la ciudadanía a lo dicho por la Casa de Nariño. Más allá del debate jurídico sobre el camino tomado, es indudable que la gran mayoría de los colombianos apoya el propósito de evitar el que habría sido un nuevo camino a la impunidad.

Pero hecha esa consideración, es innegable que el clima político con el que comienza la semana es mucho más tormentoso que en cualquier momento de la presente administración. No solo el Ministro de Justicia salió sacrificado, sino que el ambiente en el Capitolio empieza a enrarecerse. Si bien los parlamentarios están en receso, más de uno se pregunta en qué momento un Congreso que fue descrito hace muy poco como admirable, vuelve a asemejarse a una cueva de bandidos.
Aunque no faltará quien diga que esa es una caracterización justa que, al fin de cuentas, no tiene tanta importancia en una nación cuyas instituciones tienen problemas serios, entrar en esa dinámica es a todas luces inconveniente. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene la obligación de tender puentes para que sus relaciones con el Legislativo no se deterioren, sin aceptar –por supuesto– presiones clientelistas o de otra índole.

Es verdad que una estrategia de confrontación puede tener réditos ante la opinión pública, pero a la larga acaba produciendo daño. Tanto, que el paso de propuestas fundamentales, como la tributaria o la de pensiones, que son indispensables para que la sociedad colombiana sea más próspera y justa, serían inviables en el corto plazo.

Al mismo tiempo que se mueve con el fin de preservar la Unidad Nacional, sin premiar a los legisladores que impulsaron los ‘micos’ de la reforma a la Justicia, es hora de que Santos reúna a sus colaboradores y haga un análisis de lo sucedido. La razón es que el episodio del Capitolio mostró no solo una gran ingenuidad por parte de integrantes clave del gabinete ministerial, sino también un exceso de confianza que, de seguir, le puede pasar una inmensa cuenta de cobro al Gobierno.

En pocas palabras, justo cuando se acerca la mitad del periodo presidencial, vale la pena hacer una labor de introspección en un equipo que, en términos generales, es profesional, pero que no siempre es efectivo. La demora en la ejecución de los recursos públicos, la perpetuación de la crisis de la salud o el retraso en la infraestructura son apenas ejemplos del divorcio entre el discurso oficial y los resultados. El tropiezo sucedido en el Congreso es útil solo si sirve para corregir procedimientos y que el Ejecutivo entienda, con humildad, que no siempre se sabe todas las respuestas.

RICARDO ÁVILA PINTO
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