Año nuevo, impuesto nuevo

Un tributo como este produce fuga de capitales, pues es un hecho que los contribuyentes procuran eva

Francisco Reyes
POR:
Francisco Reyes
enero 10 de 2011
2011-01-10 11:59 p.m.

En Colombia no hay nada más permanente que lo provisional. Muchos ejemplos lo atestiguan, en particular en materia tributaria. Es paradigmática, por ejemplo, la temporalidad del llamado impuesto al patrimonio. Han pasado más de ocho años desde su creación y sigue tan campante. El gravamen se introdujo en agosto del 2002 bajo el nombre de ‘Impuesto para preservar la seguridad democrática’, cuatro días después de la posesión del ex presidente Uribe en su primer mandato. La tarifa era del 0,3 por ciento sobre el valor patrimonial y afectaba a todos los contribuyentes. Se suponía que duraría mientras estuviera vigente el estado de conmoción interior. Esta esperanza duró poco, porque rápidamente el Gobierno promovió la Ley 863 del 2003, que prolongó la vigencia hasta el 2006. Una vez iniciado su segundo Gobierno, Uribe vio la necesidad de prorrogarlo de nuevo, de modo que propició una norma que lo extendió hasta el año pasado. Antes de terminar su mandato, mediante la Ley 1370 del 2009, se produjo la tercera reactivación de este impuesto, de modo que deberá pagarse hasta el 2014.
Este gravamen es un castigo al capital y al ahorro, con consecuencias poco halagüeñas para la inversión. Pocos países los conservan; se dice que existe en algunos escandinavos y en el principado de Luxemburgo. En el caso de España, luego de una vigencia prolongada del impuesto al patrimonio, se abolió en el 2008 para la recuperación económica.
Un tributo como este produce fuga de capitales, pues es un hecho que los contribuyentes procuran ampararse de él mediante la reducción artificial de las bases gravables, para evadirlo a todo trance. Este fenómeno, sumado a otros esquemas elusivos, puede neutralizar el efecto redistributivo del ingreso que, presuntamente, se le atribuye al impuesto.
Al parecer, los potenciales contribuyentes de este tributo, espantados por su nueva prórroga y por el altísimo monto, venían evitando su declaración y pago a través de diferentes formas; la primera de ellas consistía en dividir las sociedades comerciales en varios pedazos, de manera que luego de la escisión societaria subsistieran unidades económicas con patrimonios líquidos inferiores a 3.000 millones. Y la segunda, en atomizar el patrimonio mediante la creación de múltiples sociedades por acciones simplificadas, de manera que luego de creadas nadie resultara responsable por el impuesto.
Para contrarrestar la evasión, el nuevo Gobierno acaba de lograr la expedición de una ley que intenta cerrarles las puertas a aquellos que quieren hacerle el quite al gravamen. En efecto, en el artículo 10 de la ley de reforma tributaria de diciembre pasado se determinó, en primer lugar, que en los casos de escisión de sociedades cumplidas en el 2009 se sumen los patrimonios de todas las compañías participantes en la operación. Es así que esta clase de maniobras, además de haber creado significativos costos de asesoría, resultará ahora totalmente inocua. La segunda medida consiste en sumarle al patrimonio líquido de las personas naturales o jurídicas el monto patrimonial de las SAS creadas durante el 2010, para determinar la sujeción al impuesto. Además, se establece que las personas naturales o jurídicas que las constituyeron responderán solidariamente por el impuesto a cargo de la SAS.
Se trata de medidas muy razonables a la luz de las modalidades de evasión que se intenta resolver. Una cosa es estar en desacuerdo con los fundamentos del impuesto al patrimonio y otra, muy distinta, es pretender que hagan carrera las difundidas prácticas de asesoría en fraude a la ley, a las que todos nos hemos acostumbrado. En particular, resulta loable que se sancione a quienes se han valido de la sociedad por acciones simplificadas para estos propósitos.
La SAS es un vehículo de inversión extraordinario que, en general, ha sido bien utilizado en las más de 55.000 empresas de este tipo que se han creado en apenas dos años. Pero no es bueno que se extienda la práctica de recomendarla para lo que no fue creada. Ojalá que la Corte Constitucional respalde estas pausibles medidas, ante la avalancha de demandas que, con toda seguridad, se avecina.

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