Germán Umaña Mendoza

Autonomía institucional

Germán Umaña Mendoza
Opinión
POR:
Germán Umaña Mendoza
mayo 28 de 2015
2015-05-28 04:02 a.m.
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En la actualidad, se están adelantando las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para definir un acuerdo de promoción del comercio e inversiones, similar a los mal llamados tratados de libre comercio (TLC) suscritos por ellos con países de menor desarrollo relativo, como Colombia.

Un escollo importante y que, seguramente, impedirá el avance de las negociaciones por mucho tiempo, es que la Unión Europea no se encuentra dispuesta a ceder la soberanía para la resolución de conflictos internacionales con Estados Unidos sobre inversión extranjera o propiedad intelectual (litigios inversor-Estado), en tribunales internacionales de arbitraje, sustituyendo al tribunal europeo y, en muchos casos, a los tribunales nacionales de los países miembros en los que no se ha cedido la soberanía nacional.

En Colombia, en cambio, se negoció todo lo contrario: con respecto a los temas de las inversiones extranjeras en bienes, servicios, capital conocimiento, capital de portafolio e, incluso, endeudamiento externo, se cedió la soberanía jurisdiccional en tribunales de arbitramento como el Centro Internacional de Solución de Diferencias para la Inversión (Ciadi), cuyos laudos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento.

Para que Estados Unidos negocie un acuerdo o tratado comercial, o económico, debe recibir la autorización del Congreso norteamericano. Lo pertinente ocurre en la Unión Europea, que tiene una política común para la negociación con terceros, y antes de que la Comisión acepte condiciones debe recibir el mandato de los Países Miembros. En cualquier circunstancia, se establecen los límites y las líneas rojas que no se pueden traspasar.

En nuestro país, sucede lo contrario: primero negocia el Ejecutivo y lo que se establezca en el acuerdo o tratado puede ser ratificado o no en su integridad por el Congreso de la República, sin cambios de ninguna especie. La Corte Constitucional dictamina sobre su constitucionalidad. Hasta ahora, no han sentido vulnerada su autonomía en ninguno de los compromisos suscritos por el Ejecutivo y ‘todos a una’ como en Fuenteovejuna han manifestado su acuerdo.

Por eso, sorprende que en la negociación de la denominada nueva ley de ‘equilibrio de poderes’ se encuentren tan preocupadas las altas cortes. Ya entregaron en tribunales meritocráticos gran parte de su autonomía y de la democracia en decisiones trascendentales para el país. El Congreso también fue cómplice de esa situación y se limitó a asentir cuando bilateralmente se crearon tamaños desequilibrios.

Ahora lo que hay es una rebatiña por temas menores: control del clientelismo, que no los juzguen si cometieron delitos, manejo del dinero o eliminación de la puerta giratoria. En realidad, lo único que debería ser autónomo e inviolable son las decisiones que se plasman en las sentencias apegadas al cumplimiento de la ley y la Constitución, y no las conductas individuales de los magistrados cuando se alejan de su cumplimiento. No hay nada trascendente, como sí lo es la cesión de la soberanía nacional, distinto de la feria de las vanidades.

Germán Umaña Mendoza
Profesor universitario
germanumana201@hotmail.com

 

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