Germán Umaña Mendoza

Caldo de cultivo

Germán Umaña Mendoza
POR:
Germán Umaña Mendoza
marzo 20 de 2014
2014-03-20 02:50 a.m.
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La protesta social es legítima y en muchas ocasiones es la manifestación de un problema que existe y al cual el Estado y los gobiernos no han prestado la atención necesaria o, más grave, se han adoptado políticas que sistemáticamente han colocado en condiciones de inequidad a un sector de la actividad económica y social.

Esto último es el caso del ramo agropecuario. Para nadie es un secreto que el coeficiente de Gini en el campo es mayor que el nacional, que de por sí es uno de los más inequitativos del planeta, lo que indica una injusta distribución del ingreso. La concentración de las tierras productivas en Colombia raya en el absurdo, el desplazamiento producto de la acción de los actores armados, los paramilitares, la guerrilla y sus aliados en la ‘parapolítica’, hoy victoriosos en el Congreso, es indudable.

Los procesos de restitución de tierras han dejado más muertos que hectáreas entregadas, y las leyes existentes (por ejemplo la 160 de 1994) impiden, al determinar tamaños absurdamente grandes de las denominadas Unidades Agrícolas Familiares, los procesos de legalización de tierras que hace muchos años, siglos incluso, son posesiones de familias campesinas y así lo reconocen los dueños que quisieran entregar bienes, sin ninguna posibilidad diferente que la de pagar impuestos.

Parecería que el único afán de ciertos funcionarios gubernamentales es el de legalizar grandes proyectos productivos en tierras, ilegal e ilegítimamente adquiridas, ya sea por triquiñuelas en la apropiación de baldíos o compras que al final no son otra cosa que la expropiación de las tierras de los desplazados o verdaderas estafas a los pequeños propietarios.

Si a lo anterior se suman tratados, en los que permanecieron intocables los subsidios de todo tipo que dan los países desarrollados a su sector agropecuario y, en contrapartida, se hace una apertura unilateral sin condiciones del campo colombiano; el contrabando y el lavado de activos (este último no solo en la comercialización, sino en la producción), los absurdos costos de los fertilizantes y fungicidas, y los bajos precios de los productos finales, todo está servido para una crisis de la magnitud que se observa.

La situación es estructural y las carencias son profundas. Lo que se encuentra en cuestión es toda una política que solo ha conducido a profundizar la crisis en el campo. El campesinado no sabe qué hacer. Por ello, no es difícil pensar que estos hechos se constituyen en el ‘caldo de cultivo’ de la protesta social, en la que cada quien pesca en río revuelto.

Los ministros de turno no pueden seguir haciéndose los ‘pendejos’ ante la situación del sector agropecuario. Los diagnósticos existen, otra misión no es otra cosa que aplazar las soluciones que ya se conocen. Es voluntad política. De eso no hay en el Ejecutivo, mucho menos en el Congreso. Mientras tanto, siempre se encontrará latente la protesta, sin aparente solución. ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver’.

Germán Umaña M.

Decano de Economía, Universidad Central

germanumana201@hotmail.com

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