De ahora en adelante, en Colombia sabremos menos de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las cuales se manifestaban en las denominadas ‘Cartas de Intención’ de obligatorio cumplimiento, en la medida en que un país tenía más necesidades de financiamiento internacional, ya fuese por la solicitud de mayores recursos financieros o, en su defecto, producto de la necesidad de renegociación o recomposición de sus deudas.
Se aplicaban generalmente los principios establecidos en el “Consenso de Washington” y, por lo tanto, programas de ajuste estructural en materia fiscal, monetaria, cambiaria, privatizaciones, flexibilización laboral, etc.
Año a año, los funcionarios del Fondo calificaban el cumplimiento de sus orientaciones en cada país y, en su conferencia de prensa, hacia al fin de la visita, hacían nuevas y más duras recomendaciones para ser evaluadas en su próximo periplo. Sus sugerencias se convertían en ‘la espada de Damocles’ sobre la cabeza de las autoridades económicas y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto.
A partir del 2020, a las ‘Cartas de Intención’ se les sumarán las recomendaciones de la Ocde. Según esa organización, “una recomendación es un instrumento aprobado por el Consejo que se traduce en normas y estándares internacionales, mejores prácticas y directrices de política. Las recomendaciones no son legalmente vinculantes, pero en la práctica se les concede gran fuerza moral ya que representan la voluntad política de los Estados miembros”.
El exministro Roberto Junguito en su excelente artículo de esta semana nos cuenta lo que nos viene al respecto y cito: “El informe titulado Estudios Económicos de la Ocde - Colombia fue presentado al Gobierno la semana anterior. Este comprende cuatro grupos de recomendaciones. Las dirigidas al Ministro de Hacienda se consignan bajo el título de ‘Seguir mejorando las políticas macroeconómicas y la gobernanza’. Una segunda sección de recomendaciones toca, ante todo, la política comercial y parecen estar dirigidas al Ministro de Comercio y a la agencia encargada de regular la competencia”.
El tercer conjunto de recomendaciones, ‘Mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad del empleo’, aborda el tema social y está dirigido a la Ministra del Trabajo y a sus colegas de las carteras sociales. Finalmente, el informe de la Ocde hace un par de recomendaciones a los ministros de Agricultura y Medio Ambiente, dentro del objetivo de reforzar el crecimiento verde.
Y, concluye el doctor Junguito: “En fin, el informe de la Ocde trae una cartilla de tareas concretas para el Gobierno. Ojalá la estudien a conciencia, pues dentro de un año, la Ocde les pedirá la lección y les calificará las tareas de sus realizaciones”.
‘Más claro no canta un gallo’. Habrá que hacer el seguimiento a cada una de ellas, punto por punto, como en el pasado lo hacíamos con las ‘Cartas de Intención’ del FMI. Nos dirán anualmente, al final de la visita, si cumplimos o no con las “recomendaciones no vinculantes que tienen gran fuerza moral”, pues de la medición en sus avances se calificarán las políticas públicas del gobierno colombiano.
La verdad, en el informe hay recomendaciones, unas buenas y otras malas. Ojalá no cumplamos solamente las últimas. De otra manera, estaríamos sustituyendo la democracia económica por un nuevo recetario que sería moralmente obligatorio cumplir anualmente.
Otros países solo aplican lo que les conviene, especialmente los desarrollados...
Germán Umaña M.
Profesor
germanumana201@hotmail.com