La simplificación de los argumentos sobre la necesidad de implementar una reforma al sistema pensional en Colombia, especialmente en los jóvenes, reduce la necesidad de aumentar la edad en la cual se podrá acceder a este derecho (no beneficio), en razón de que la esperanza de vida ha aumentado representativamente y, en consecuencia, incrementará el número de semanas que se cotizarán, con excepción de algunos ‘¿privilegiados?’ que estudian y no inician realmente su vida laboral hasta después de los 25 años.
Lo anterior, lo oyeron, o lo leyeron, en la prensa o medios virtuales, y lo dijo uno de esos dizque ‘gurús’ de la economía, que se rasgó las vestiduras por lo que significará en el futuro el incremento de las obligaciones del Estado en su conjunto y en el déficit fiscal de largo plazo. “Verdad revelada. Punto final. No más discusión”.
Lo que no les dicen, y cuando se los dicen, no se encuentran dispuestos a escuchar, es que según todos los estudios académicos y de las instituciones internacionales, el sistema vigente en Colombia es profundamente inequitativo, y el 80 por ciento de los subsidios se entrega al 20 por ciento de las personas de más altos ingresos (420.000 dólares del 2015 por persona, según el BID, nota técnica 825, junio de 2015).
Tampoco que el 63 por ciento de los adultos mayores de 60 años no tiene ni tendrá acceso a una pensión, ya sea porque nunca cotizaron, o no cumplieron los requisitos para pensionarse, al no alcanzar el número de semanas requeridas. En este último caso, inician la tortuosa ruta (muchas veces imposible) de recuperar bonos indexados y sin intereses, y los que finalmente no son devueltos, engrosan ilegalmente las arcas del Fosyga.
Y, de otra parte, en la medida en que la informalidad en el empleo alcanza en nuestro país más del 60 por ciento, ni cotizan ni tienen la más mínima esperanza de acceder a una pensión. Generalmente, están clasificados en un Sisbén de estratos bajos, reciben subsidios y, en algunos casos, simplemente se niegan, por todos los medios, a formalizarse. Lo triste es que también un alto porcentaje de los que se suponen están empleados, tampoco completarán las exigencias para lograr estar incluidos en el sistema pensional.
El problema real parecería reducirse, en primer lugar, a la inequidad en la distribución de los subsidios. Pero, es que 20 por ciento de la población de mayores ingresos que reciben pensión, se encuentran en el Congreso, o en las altas cortes, o en los que hacen el lobbying del sector privado. Habrá que recusarlos, y que sean sustituidos para que no resuelvan por causa propia. Pero, eso es pensar con el deseo.
El segundo gran problema es aumentar la cobertura y los cotizantes formales. Para ello habrá que resolver temas de fondo como el desarrollo sostenible, el acceso a la educación y la generación de empleo, entre otros. Resuelto lo anterior, la edad y la esperanza de vida se convierten en aspectos menos importantes. Pero, si los jóvenes (sobre todo economistas y abogados) proponen jubilarse más tarde, más viejos o quizás nunca, ¿quién soy yo para contradecirlos?
Argumentos simplistas
Es que según todos los estudios académicos y de las instituciones internacionales, el sistema vigente en Colombia es profundamente inequitativo.
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