Germán Umaña Mendoza
columnista

¿Desde cuándo aceptamos transparencia?

Estábamos tan desacostumbrados a asistir a un concurso de méritos para la designación de magistrados en las altas cortes.

Germán Umaña Mendoza
POR:
Germán Umaña Mendoza
octubre 04 de 2017
2017-10-04 09:23 p.m.
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Estábamos tan desacostumbrados a asistir a un concurso de méritos para la designación de magistrados en las altas cortes, sin necesidad de injerencias politiqueras, sin que los candidatos tuvieran que visitar en sus despachos a sus pares, sin citas secretas con los congresistas, ni ministros, ni almuerzos, ni campañas costosas, que cuando salieron los resultados, los bárbaros de siempre se quedaron súpitos.

¿Qué se estarán creyendo los integrantes nacionales y extranjeros que nombraron los magistrados del tribunal de la Justicia Especial para la Paz? Piensan los desconcertados dueños del país, ¿qué es eso de tomar en consideración las hojas de vida, los estudios universitarios, las especializaciones, maestrías y doctorados de verdad? ¿Cómo se les ocurre descalificar a aquellos que tienen investigaciones por diferentes delitos en el ejercicio de su profesión de abogados? ¿Desde cuándo se tiene en cuenta para los nombramientos la experiencia en las materias (por ejemplo, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en las que ejercerán los cargos? ¿Por qué no se aceptaron las cartas de recomendación de los políticos regionales ‘sub júdice’?, y, más que nada, ¿desde cuándo se nombra a alguien, por Dios, sin consultar a los caudillos del Centro Democrático, de Cambio Radical, de las Farc o, a mí? ¡Qué falta de respeto! ¿Es qué no se dan cuenta que esos individuos que fueron nombrados simplemente por méritos no “tienen el recorrido que esperábamos”, como dijo uno de los tantos ‘Galanes’ que pululan en la política? ¿Y, con seguridad, no concederán los beneficios de la JEP a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad si no contribuyen al esclarecimiento de la verdad o a la reparación de las víctimas?


Y algunos se preguntan ofendidos, ¿desde cuándo en nuestra republiqueta es válido conocer una verdad real y no la que han construido a sangre y fuego los representantes del establecimiento? ¿Qué barbaridad poner en la picota pública a los que expulsaron de sus tierras a los campesinos que las trabajaban y a los posteriores ‘compradores de buena fe’? ¿No se han enterado de eso del segundo huevito de la ‘confianza inversionista’? Y a todos los que ilegalmente se enriquecieron con la guerra y los delitos de lesa humanidad: ¿no hay que exigirles que entreguen hasta el último peso mal habido para la reparación de las víctimas, llámense Farc, paramilitares, ‘parapolíticos’, vendedores de armas y precursores químicos para el negocio del narcotráfico, lavadores de activos en el sector financiero transnacional o nacional o, en general, a los gestores de tantas muertes inútiles?

Pero no, nos dirán: por eso es que necesitábamos mayor ‘recorrido’ en los magistrados de la JEP. No sabrán diferenciar entre los delincuentes buenos que son los míos, de los malos que son de los otros. No se prestarán a las influencias para aplicar una justicia selectiva de acuerdo con los intereses de tal o cuál grupo. Van a hundir nuestra prístina institucionalidad. La única forma de detener esos nombramientos, y tan absurda transparencia, es que volvamos a votar por los mismos. Así ‘haremos trizas los Acuerdos de Paz’.

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