Los retos económicos que, en nuestra opinión, se deberán enfrentar y discutir de manera prioritaria en las campañas políticas, incluyen, en lo fundamental, el tema agropecuario y, en lo sustantivo, lo pertinente a la propiedad y la distribución de la tierra, así como el tema tributario para promover la producción agrícola, y, de otra parte, la sostenibilidad y la utilización de los recursos hídricos.
Desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, se presentan, como consecuencia de las conversaciones y acuerdos en el proceso de paz, tres temas fundamentales que poco merecen el análisis de los colombianos, a no ser que se generen noticias para las páginas rojas de los medios de comunicación.
En primer lugar, la restitución de las tierras a los legítimos dueños desplazados por la violencia: el adelanto de estos procesos enfrentan en las regiones a los antiguos ‘parapolíticos’ y sus organizaciones armadas con el Estado, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y el campesinado indefenso.
Los primeros, son apoyados desde el Congreso Nacional por amplios sectores, para evitar la aplicación de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, el desarrollo de las leyes y la modificación de las existentes. La estrategia es legalizar el despojo por el reconocimiento de los compradores de segunda instancia, dizque de ‘buena fe’, apoyados por una justicia regional injusta y obsecuente, y el poder de los señores de la guerra. Los segundos, con el poder de la verdad y la valentía de querer regresar a los escenarios de su tragedia. Lo triste: muchas de las víctimas no quieren retornar, ni siquiera recordar.
En amplias zonas del país como en Boyacá, Cauca o Nariño, los dueños de las escrituras nada tienen que ver con las tierras, y la tenencia es de campesinos que las han explotado ancestralmente. Los programas de formalización adelantados por el Gobierno Nacional han sido costosos, ineficientes y los recursos asignados en un alto porcentaje se han perdido. Además, cuando la formalización se hace cerca de los centros urbanos, las pertenencias ya han sido vendidas a los oportunistas de turno y se legalizan las propiedades a personas que jamás las trabajaron en el pasado.
Por último, el tratamiento a baldíos sí que es un real problema económico. El Estado no tiene sus inventarios, hay grandes propietarios que, de una forma u otra, dizque legalizaron su propiedad, igual muchos pequeños tenedores, comunidades indígenas o afroamericanos. Es un verdadero reto de expropiación al Estado, del cual los candidatos no quieren hablar.
Los temas descritos no se agotan en un artículo, son necesarias políticas y programas construidos en democracia. Rebajar impuestos a los ricos como propuesta estrella para lograr el desarrollo, como única iniciativa, no pasa de ser una gran tontería; la discusión económica y social tiene que ver con una nueva estructura de cobro de prediales, restituir a las víctimas, formalizar a los de verdad, recuperar los baldíos. Quisiera ver a los políticos y académicos proponiendo cómo afrontar temas que, como estos, son verdaderos retos económicos.