Nadie en su sano juicio puede oponerse a la internacionalización de la economía, o de la salud, la educación, la cultura, el libre flujo de personas o el empleo. Lo que es inadmisible es caer en una ‘trampa bilateral’ como la derivada de los acuerdos como los suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea.
El acceso al conocimiento, a los desarrollos científicos y tecnológicos, a los de la informática, las telecomunicaciones, los servicios financieros o a la libre circulación del factor trabajo, son aspectos fundamentales para cerrar la brecha en y provocar un ‘círculo virtuoso’, para aprovechar las ventajas de la mundialización.
Desafortunadamente, en lo pertinente a la educación, nos encontramos simplemente en el camino a la privatización como un servicio o una mercancía y no un bien público. Es la internacionalización por la puerta de atrás y con el riesgo de la compra de universidades privadas por parte de inversionistas extranjeros, no necesariamente educadores, posiblemente con buenas utilidades para los que recibirán los emolumentos, pero con dudosos, por decir lo menos, beneficios para el desarrollo del derecho fundamental y de la calidad en la educación superior.
Las prácticas que estamos observando, adicionalmente a las descritas en el artículo anterior con la toma de las universidades existentes con un ánimo puramente mercantilista, son muchas y afectan cada día más la calidad de la enseñanza.
Por ejemplo, en la educación virtual se ofrecen todos los días, como si fuesen hamburguesas, ‘combos’ de tres por uno: tres diplomas de diplomados con certificaciones internacionales por cursos que apenan llegan a las 60 horas, la mayoría de ellos sin ningún control por parte del Ministerio de Educación y ofertados por instituciones de poco o ningún reconocimiento internacional y con alianzas, incluso, con universidades colombianas, gremios o cámaras de comercio, las que sin ningún sonrojo se prestan a tales prácticas.
Pululan por doquier, especializaciones, maestrías y hasta doctorados de dudosa calidad, que posteriormente son legalizadas en el país con un ‘apostillaje’ y trámites sencillos que para nada defienden a la educación.
Esas prácticas quedan protegidas automáticamente por el Trato Nacional y las normas de los acuerdos de servicios, propiedad intelectual, inversión y solución de controversias incluidas en el cuerpo de los acuerdos suscrito entre Colombia y Estados Unidos o la Unión Europea.
Internaciolización sí, pero así no. En un momento en que se hacen esfuerzos por controlar los desastres de la Ley 30 y la multiplicación de las universidades de ‘garaje’, se abren las puertas a la barbarie del mercado, con la permisividad a las prácticas de aquellos que solo aspiran a generar utilidades.
Qué deprimente, el objetivo es simplemente “acumulad, acumulad, ese es el Moisés y los profetas” (Carlos Marx). Los jóvenes: que se hundan en la ignorancia, eso sí, con títulos hasta en inglés, aunque ni siquiera lo balbuceen.
Germán Umaña M.
Decano de Economía, Universidad Central
germanumana201@hotmail.com