En los dos últimos años, se ha incrementado la migración de venezolanos a nuestro país, así como el retorno de compatriotas y de sus familias. No estamos escribiendo sobre una migración masiva cómo si fue la colombiana a Venezuela durante los últimos cuarenta años, ni siquiera del 10 por ciento de los más de cuatro millones de compatriotas que vivían en Venezuela.
Es hora de entender que lo que se está presentando debe ser abordado con políticas públicas de respeto a los derechos fundamentales de esa población, de responder con solidaridad y reciprocidad a los habitantes de un gran país que tanto nos otorgó en el pasado reciente.
Son tantas las barreras para que un venezolano honesto, preparado y productivo se integre a nuestra sociedad, que no se entiende el por qué de la inexistencia de una acción concertada del Estado y el sector privado para responder a esas dificultades. Es una tragedia obtener una visa de residencia, y mucho más de trabajo, o acceder al sistema financiero, o a la salud contributiva o prepagada, u homologar títulos universitarios, ingresar a la educación superior, participar en los programas de formación del Sena, tener la posibilidad de acceder a los planes de creación de empresas, innovación o emprendimiento, entre otros.
Lo que se ve en la superficie es la respuesta de Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, reemplazando el documento de entrada en fronteras (la cédula venezolana) por papeles que permitan efectuar el seguimiento de la estadía de los venezolanos en Colombia, limitando el área en la que se pueden desplazar en el país, y sin que puedan desempeñar una actividad productiva. Se admiten solo compradores de frontera o, en su defecto, para los que ingresan con pasaporte, las mismas condiciones que para cualquier extranjero para permanecer en el país, como si no existiera una crisis humanitaria.
Todo ciudadano venezolano que no cumpla con las condiciones descritas, será deportado y, según el director de migraciones, si son descubiertos trabajando honradamente, pero de manera ilegal, los “protegerán” de la explotación de los contratantes, sacándolos del país. Perdónenme, eso suena a xenofobia, y es lo que ordenó hacer el señor Trump en Estados Unidos con los migrantes ilegales.
Mientras tanto, en otros países, por ejemplo, en Perú, y en algunos estados de Norteamérica, se regulan permisos temporales de permanencia a los ciudadanos de Venezuela que estén dentro del país, regular o irregularmente. Con el cumplimiento de una sencilla normativa, se “faculta al venezolano a trabajar formalmente en el territorio peruano durante un año renovable, mientras normaliza su situación migratoria de manera definitiva, o hasta que se regularice la situación política en la República Bolivariana de Venezuela”.
“Para que nada nos separe, que no nos una nada” parece ser la consigna, incluso mantener cerradas las fronteras legales terrestres para el transporte internacional. Eso no es lógico, ni transparente, ni solidario. Venezuela y Colombia continuarán unidos, muy a pesar de ciertos sectores, incluidos algunos que pertenecen a los dos gobiernos.
columnista
La solidaridad no está en la agenda
Son tantas las barreras para que un venezolano honesto se integre a nuestra sociedad, que no se entiende la inexistencia de una acción del Estado.
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Germán Umaña Mendoza
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