Otra vez los funcionarios del gobierno norteamericano, y el propio señor Trump, amenazan con “descertificar” unilateralmente a Colombia por el aumento de las hectáreas sembradas para la producción de estupefacientes. Bien por la respuesta del Gobierno colombiano, al rechazar las amenazas de utilizar mecanismos espurios y violatorios del derecho y los acuerdos internacionales.
Hagan cuentas. Un país que como EE. UU., que ha ratificado menos acuerdos en la OIT que la mayoría de los Estados latinoamericanos, descertifica e impone sanciones por violación de los derechos laborales. Ese mismo país que niega y denuncia sus compromisos en materia de cambio climático, se abroga el derecho de sancionar por incumplimiento de los acuerdos -de los que no forma parte- a las naciones que han suscrito los mal denominados TLC.
Es la aplicación unilateral de sanciones por violaciones ambientales y laborales por parte de los que no se comprometen con nada en esta materia y, muchos de sus inversionistas, no solo depredan y atentan contra el medioambiente en los países desarrollados, sino que pagan salarios de hambre. Se inventaron el ‘dumping social’, aplicado en una sola vía, simplemente para proteger internamente a sus ineficientes empresas.
Pero, tal vez la mayor negación de los acuerdos internacionales está en la espuria certificación por el combate a la siembra y producción de estupefacientes. El principio de la ‘responsabilidad compartida’ en la lucha contra ese flagelo universal, aceptado y grabado en piedra en las Naciones Unidas, incluye medir la responsabilidad de todos en el tráfico de armas, precursores químicos, lavado de dinero y de activos, prácticas financieras, combate a la siembra, producción, comercialización y, sobre todo, consumo.
Si aplicáramos la lógica unilateral del Gobierno norteamericano, tendríamos que ‘descertificarlos’ por el aumento en la venta de armas, precursores químicos, lavado de dinero, prácticas financieras indebidas, aumento de la comercialización y falta de políticas y legislación adecuadas para combatir el creciente consumo de sus ciudadanos.
La amenaza de la descertificación tenía que ver en el pasado con mantener preferencias comerciales unilaterales que ya no existen, recursos para el combate del narcotráfico (primero) o la insurgencia (después) en el ‘Plan Colombia’, o cooperación para el acuerdo de paz con las Farc, ‘paz Colombia’. Son pocos los estudios sobre el destino de los recursos de cooperación recibidos, y sería útil que la academia se ocupara de ello.
Para contribuir: ¿qué porcentaje de los recursos se dedicó a la compra de armas suministradas provenientes de empresas norteamericanas? ¿Cuánto para el pago de ONG y de contratistas norteamericanos en los diferentes rubros? ¿Cuánto a las organizaciones sin ánimo de lucro con la contratación de estudios con resultados predeterminados? ¿Cuánto en burocracia privada de profesionales y organizaciones especializadas en vivir de la cooperación? ¿Cuánto contribuyeron esos recursos realmente a las poblaciones afectadas por la guerra? y, en ¿cuánto contribuirán a consolidar la infraestructura de la paz, a la reparación de las víctimas, a la verdad o a la justicia?
Toda certificación unilateral implica condiciones. Habitualmente ‘draconianas’. Ojo: habrá que ver qué le exigen al gobierno de Colombia por la nueva cooperación. ‘El remedio no debería ser peor que la enfermedad’.
Germán Umaña Mendoza
Profesor universitario
germanumana201@hotmail.com