Pertenezco a una de las pocas EPS que funcionan de manera adecuada. Sin embargo, de forma absurda no se le permite recibir los aportes adicionales de sus cotizantes, ni de sus cónyuges y mucho menos recibir nuevos afiliados, con el argumento de que esos recursos deben ir al Fosyga y no a fortalecer los fondos de la Entidad Prestadora de Salud.
Es esquizofrénico: aporto el 12% de mi pensión, o el equivalente entre el patrono y el trabajador, cuando me encuentro en plena actividad, a la entidad de salud en la que estoy; pero, en el caso de que tenga ingresos adicionales los aportes tienen que ir a otro fondo. Lo mismo ocurre con los aportes que realiza el núcleo familiar que de mí depende. Es decir que una entidad que ha funcionado bien en medio de un mar de ineficiencias debe ser castigada por el Estado por administrar correcta y adecuadamente los recursos escasos. No hay derecho.
Pero es que en los sistemas de salud y de pensiones todo parecería absurdo. A los pensionados, en general, se les paga el 75% del total devengado durante los últimos diez años y sobre ese monto se les descuenta el 12% por concepto de salud. Es decir, por pensionarse se dejan de percibir, por lo menos, el 30% de los ingresos corrientes.
Si usted no se pensiona, le descuentan el 4% y no el 12%. Si se pensiona la obligación de las empresas no pasa al Estado ni a un Fondo de solidaridad, simplemente se le carga al pensionado.
Los Ministros de Hacienda vetan cualquier intento, como el aprobado en el 2017 por el Congreso para corregir esa inequidad, dizque porque significa un deterioro fiscal.
Pero, lo más deprimente es cómo a pesar de todo lo anterior, la intención del nuevo gobierno es la de gravar las pensiones con otro impuesto para aquellas que se consideren arbitrariamente excesivas, como también arbitrariamente piensa el nuevo ministro que es excesivo el salario mínimo.
Pero es que el déficit de nuestro sistema de salud es inmenso. Los mayores problemas que contribuyen a drenar los recursos se encuentran en los precios de los medicamentos y procedimientos de alto costo, en la integración vertical, abierta o encubierta, entre algunas EPS e IPS o, simplemente, consecuencia de la abierta corrupción de los administradores.
El exministro Gaviria dejó lista una resolución sobre los precios de los medicamentos de alto costo que impedía los abusos de posición dominante de mercado de las multinacionales farmacéuticas y por un tecnicismo absurdo no se convirtió en un decreto con fuerza de ley. Las intervenciones gubernamentales en las entidades de salud han resultado peores que la enfermedad que pretendieron curar (simple corrupción de los interventores) y, no pasa nada. Los excesos en los pagos y la negación de la libre competencia por la integración vertical entre las entidades de salud no han sido corregidos.
¿Algo hará el nuevo gobierno para corregir una problemática identificada y sobre diagnosticada? Ojalá. Mientras tanto, siga mi consejo: ni se enferme ni envejezca.
Germán Umaña Mendoza
Profesor Universitario
germanumana201@hotmail.com