La nueva conformación del Congreso permite identificar claras tendencias y orientaciones sobre lo que será el control político al Gobierno Nacional, y el seguimiento y aprobación a los nuevos proyectos de ley presentados.
Sin embargo, nada más errado que pretender unificar la oposición de la izquierda y la derecha en un solo grupo, y buscar con la linterna de Diógenes similitudes en comportamiento frente a la problemática nacional.
Tal vez lo que sí podría ocurrir es que el Centro Democrático cierre filas con una parte del Gobierno que defiende, con garra y tesón, el segundo huevito de la ‘confianza inversionista’.
Veremos a las huestes uribistas justificando con tesón los derechos cuasi absolutos de los inversionistas extranjeros (petróleo, minería) que, según dirán, si son violados, afectarán el crecimiento del país y nuestras perspectivas de largo plazo. La sustentabilidad del desarrollo, el medio ambiente, el agua, la participación de las comunidades, las consultas previas a indígenas y afrodescendientes, son aspectos menores frente a la seguridad jurídica de esas empresas.
Y, qué decir de la propuesta a la reforma del sistema de salud, producto de la clara identificación de los problemas que empezaron con la Ley 100.
O, el senador Uribe, ponente de esa norma, se transformó o continuará en su ley. Y si algo no parece factible es la evolución de nuestro prohombre hacia la defensa de una reforma que afecte los intereses de los que han sido su apoyo político.
Y, qué pasará con los debates políticos sobre la restitución de tierras o la indemnización a las víctimas de la guerra y el conflicto. Si para ‘cierta’ derecha lo que hay que promover es la legalización de grandes extensiones de tierra productivas, así sean baldíos adquiridos fraudulentamente o vía la expropiación, expulsión o expoliación del campesinado. Para ellos, el paramilitarismo y la ‘parapolítica’ fueron el resultado obvio de los excesos de la guerrilla. Algunos de ellos estarán en el Congreso, tratando de legalizar su pasado y sus fortunas.
Para los integrantes del Centro Democrático la educación es un servicio o una mercancía que debe regirse por la demanda, así vaya en contravía con las verdaderas necesidades nacionales. Para ellos no es un bien público en el que el Estado debe invertir. Creen en el mercado y no en el desarrollo. Tendrán que defender también los magros (hasta ahora) resultados de los tratados de libre comercio, especialmente el suscrito con Estados Unidos.
¿Se imaginan ustedes a la izquierda defendiendo algo de lo anterior? No, los caballeros de la derecha tendrán que demostrar que los males que causaron no existen. Pero, como sí existen y son evidentes, deben ser condenados. No debe ser únicamente rechazada la impunidad por actos de barbarie y guerra, son también delitos graves los que atentaron contra los derechos fundamentales de los colombianos.
Germán Umaña M.
Decano de Economía, U. Central
germanumana201@hotmail.com