Colombia Repunta, Germán E. Vargas, febrero 22 de 2017 | Opinión | Portafolio
Germán Vargas G.
columnista

¿Colombia Repunta?

Gobierno Santos y Unidad Nacional no ofrecen debates de calidad, y evaden responsabilidades tanto en el derroche de la bonanza minero-energética.

Germán Vargas G.
POR:
Germán Vargas G.
febrero 21 de 2017
2017-02-21 08:52 p.m.
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Aunque exista aparente consenso sobre la urgencia de cambios, los conflictos de intereses y las divergencias conceptuales neutralizan cualquier reforma, preservando las estructuras tradicionales. Esa carente progresividad expone a Colombia ante los riesgos residuales del posconflicto: informalidad, pobreza e inequidad.

El gobierno Santos y la Unidad Nacional no ofrecen debates de calidad, y evaden responsabilidades tanto en el derroche de la bonanza minero-energética como en el abuso de las vigencias futuras. Consecuencia de esa ausencia de control, los excesos de mermelada engordaron los gastos de funcionamiento, y el déficit presiona aún más las carencias durante la actual fase de contracción de la economía.

Dejaron como legado otro estatuto tributario que no combate la informalidad laboral, el contrabando, la corrupción –evasión y elusión– y la inequidad. Tampoco es competitivo, pues ignoraron que Trump impondrá la moda del minimalismo tributario: en suma, continuamos ‘rezagados’, incluso ante nuestros competidores en la Alianza del Pacífico.

Es la contradicción de los programas de urgencia, como Colombia Repunta, en ausencia de reformas estructurales, simultáneas y complementarias. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 186/2016, radicado para regular los subsidios del Sisbén, no remodela el objeto y enfoque de los programas sociales: aunque su gasto absorbe 10 por ciento del PIB, la relación contribuyente-asistencial es insostenible.

Entre tanto, el DPS expone con orgullo la reducción de la pobreza, del 70 al 29 por ciento, introduciendo una artificial ‘clase media vulnerable’, cuyos parámetros no satisfacen garantías sostenibles de dignidad: distorsiones metodológicas que estarían ‘subestimando sistemáticamente la desigualdad’, según advierte la Cepal (Panorama Social, 2015).

Tales prácticas no son innovadoras. Es consabido que el Dane suaviza el desempleo con la categoría ‘subempleo’. Aun así, la Encuesta de Hogares registró que 52 por ciento de ciudadanos está desempleado hace más de 5 años; solo 18 por ciento de la población tiene empleo formal, y, de ese segmento, 83 por ciento recibe ingresos menores a 2 mínimos legales (cifra inferior al mínimo vital).

En consecuencia, el país ostenta el décimo primer puesto en ‘desigualdad de ingreso’ (Informe de Desarrollo Humano).

Es necesario, entonces, regular una proporcionalidad salario máximo/mínimo, ajustar las rentas laborales, y ofrecer beneficios a las empresas que generen empleos estables y formales. Mejorar la calidad de las estadísticas: el 70 por ciento de la población no realiza aportes a seguridad social, y las pensiones consumen el segundo rubro del presupuesto nacional (tras el servicio de la deuda); 77 por ciento de las mesadas es inferior a 2 mínimos, aunque las ‘mega-pensiones’, en régimen de prima media, reciben subsidios y están exentas de tributación (‘Indexación de la pensión mínima al salario mínimo’, Fasecolda).

El 80,8 por ciento de los afiliados a cajas de compensación trabajan en micro o pequeña empresa, y solo 30 por ciento del recaudo es usado en subsidios, mientras los excedentes son gastados en mercadeo o asuntos que no representan necesidad esencial o solidaria (medicina prepagada), y una burocracia (73.227 trabajadores) tan inefectiva como la del gobierno.

Semejante al estropicio de la tributaria, ‘Colombia Repunta’ no protege ni promueve a los ciudadanos, y el segmento empresarial más vulnerables, que son, a propósito, las mayorías.

Germán E. Vargas G.
Catedrático
german.vargas@uniandes.edu.co

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