Gilberto Caicedo Gardeazábal

Autoridad Nacional de Radio

Gilberto Caicedo Gardeazábal
Opinión
POR:
Gilberto Caicedo Gardeazábal
noviembre 07 de 2014
2014-11-07 03:47 a.m.
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Imperceptiblemente, nuestros gobiernos y Congreso han facilitado la ineficacia institucional a la hora de defender los derechos de los niños, cuando estos son vulnerados por la recurrente radiodifusión de programas de divertimiento basados en temas sexuales, pornográficos y alusivos al consumo del alcohol y las drogas.

En el 2003, el Ministerio de Comunicaciones (hoy MinTic) reconoció la existencia de casos sobre ese persistente abuso en el contenido de programas radiales que violaba abiertamente el Código del Menor. Recordó la prohibición legal a toda práctica que atente contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que incite a la violencia o cuyos contenidos incluyan descripciones morbosas o pornográficas.

Dicha manifestación oficial no generó el más mínimo cambio en la conducta de muchos locutores ni en la autorregulación que el Estado, ingenuamente, espera de las emisoras que los toleran, porque, a diferencia de la televisión, la política pública de radiodifusión sonora no dispone de una autoridad que sancione a los infractores del atropello con contenidos transgresivos.

La deficiente reglamentación sancionatoria de 1966 para las infracciones cometidas por los programas de radio, y la responsabilidad, incluso pecuniaria, que asumían sus directores no ha sido fortalecida por el legislador, porque, simplemente, la derogó con la Ley 1341 del 2009. En cambio, la Autoridad Nacional de Televisión sí tiene facultades y reglamentación para el manejo de franjas infantiles y familiares y que, independiente de los insignificantes resultados sancionatorios de esta función, restringe la difusión de contenidos sexuales en determinados horarios, proscribe el sexo como temática de entretenimiento o como medio para alcanzar cualquier objetivo personal o profesional, y resalta el pudor y el respeto.

En universidades como los Andes, La Sabana, Javeriana, entre otras, recientes investigaciones dan cuenta de un marcado abuso del derecho a la libre expresión en los medios, tales como que 4 de cada 9 jóvenes radioescuchas reconocen la existencia de lenguaje irrespetuoso, agresivo y vulgar en sus programas habituales. Sin contar los niños afectados, ¿no es suficiente ese 44 por ciento de jóvenes para que el Congreso y Gobierno tomen la decisión de instrumentar un régimen sancionatorio radial a través de una autoridad nacional de radio?

Salvo el económico, no hay argumento válido que explique por qué los esfuerzos reglamentarios para el fomento y control al contenido de un programa van dirigidos exclusivamente a la televisión abierta cuando nuestros niños acceden también a la radio e internet. Asimismo, es tan limitado el único marco normativo de la ANTV para proteger al menor que, en la práctica, la parrilla de la televisión por cable también escapa a su órbita.

La única esperanza es que las cadenas radiales involucradas se olviden por un momento de los 564 mil millones de pesos anuales de la torta publicitaria para autorregularse seriamente en esta materia, y se deshagan de todo locutor que promueva contenidos morbosos y pornográficos, o que estimule el consumo del alcohol o drogas. Tolerar dicho abuso psicológico a nuestros niños es aceptar que les manipulen, corrompan y distorsionen incluso sus valoraciones románticas y sexuales precozmente, es decir, que les roben su infancia.

Gilberto Caicedo G.
Analista y consultor corporativo
gcaicedogar@gmail.com
 

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