Gilberto Caicedo Gardeazábal

Silencio universitario

Gilberto Caicedo Gardeazábal
Opinión
POR:
Gilberto Caicedo Gardeazábal
febrero 27 de 2015
2015-02-27 03:26 a.m.
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La exigente legislación federal en Estados Unidos, especialmente el Título IX (Clery Act, 1972), no ha sido suficiente para detener el fenómeno del asalto o abuso sexual dentro de la comunidad escolar y universitaria. Cifras del Instituto Nacional de Justicia muestran que una de cada cinco mujeres es agredida sexualmente durante su carrera y que, de estos casos, en el ochenta por ciento el novio, compañero u otro conocido de la comunidad es el agresor. A pesar de que no existe universidad inmune a esta problemática, indigna saber que cuatro de cada diez instituciones americanas no tuvieron investigaciones en muchos años y que el setenta por ciento no tiene protocolos para un adecuado manejo.

Pero, lo más grave es que el noventa y cinco por ciento de los casos no son denunciados, entre otras razones porque la mayor parte de estas agresiones ocurren bajo la influencia del alcohol, drogas y en encuentros con connotaciones románticas que le hacen creer a la víctima, equivocadamente, que es corresponsable. Lamentablemente, también el abuso originado en comentarios con soterradas alusiones sexuales que hacen profesores es difícilmente denunciado.

En virtud a que la violencia sexual en la comunidad universitaria es común –y no son simplemente hechos aislados como muchos directivos se empecinan en hacer creer–, el presidente Obama creó hace un año un grupo especial de trabajo en la Casa Blanca, enfocado exclusivamente a fortalecer los mecanismos de protección a los estudiantes y a llevar ante la justicia a los responsables del abuso.

También hace trámite un proyecto de ley denominado ‘Campus Accountability and Safety Act’ dirigido a comprometer más a las Instituciones de Educación Superior (IES) y castigar las prácticas que han llevado a que, incluso, las víctimas deserten de sus estudios o se trasladen, pero no sus abusadores. La legislación busca crear nuevos servicios de apoyo a las víctimas, como los consejeros confidenciales; fortalecer los programas de capacitación a la comunidad; obligar a las IES a llevar estadísticas públicas de los casos y a divulgar las encuestas que deberán realizar periódicamente. Esta ley incrementará las multas y sanciones a las universidades que incumplan, que no brinden seguridad a los estudiantes o que falten a la confidencialidad en el trámite de las denuncias.

En la última edición de la revista de la Universidad de Duke, un oportuno artículo titulado ‘Confronting Sexual Assault’ muestra algunos progresos en esta materia, a pesar del ambiente hostil que todavía se respira en las instituciones.

¿Y en Colombia? Aislada y tímidamente, en universidades como la del Cauca, Manizales y Caldas, algunos trabajos dan cuenta de que nuestros niveles de abuso y violencia sexual podrían ser mayores. Se resalta que cuatro de cada diez estudiantes entrevistados han sufrido algún tipo de abuso o acoso sexual y, como también lo confirman estudios en otros países, las jóvenes que están en los dos primeros semestres y en ciertos ambientes deportivos tienen mayor riesgo.

Mientras Estados Unidos aborda el tema con la seriedad que se merece, en Colombia el silencio del Ministerio de Educación y de las directivas universitarias demuestra la indolencia que tenemos como sociedad para abordar decididamente el tema del abuso y acoso sexual que han sufrido, y seguirán sufriendo, miles de nuestras niñas y jóvenes estudiantes. Tan criminal es el abusador como el sistema que lo tolera o, peor, que lo encubre.

Gilberto Caicedo G.

Analista

gcaicedogar@gmail.com

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