Gonzalo Palau Rivas

¿Se justifica la ley del Plan?

Gonzalo Palau Rivas
Opinión
POR:
Gonzalo Palau Rivas
marzo 30 de 2015
2015-03-30 03:46 a.m.
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Es innegable que la atención de la opinión pública ha estado obnubilada por la aparición, día tras día, de nuevos episodios ‘non sanctos’ al interior de la Corte Constitucional, una de las dos corporaciones públicas que junto con el Banco de la República, tenía los mayores niveles de reconocimiento a nivel nacional. Afortunadamente, nuestro Banco Central está blindado de presiones e injerencias indebidas que puedan provenir del sector privado o del Gobierno mismo. Cuesta trabajo imaginar que al quinto piso del edificio del Banco, puedan llegar a tener acceso funestos ‘pachecos’ para ejercer presión en relación con decisiones tendientes a favorecer determinado sector o actividad económica.

En este escenario, bastante turbio y enrarecido, ha pasado a segundo plano el debate y discusión en el Congreso de la República sobre el Plan de Desarrollo a ejecutar en el cuatrienio 2014 (¿)-2018 y dado a conocer por el Gobierno Nacional bajo el rótulo de ‘Todos por un Nuevo País’. La Constitución Política establece (Art. 341) que todo gobierno una vez posesionado en agosto, tiene plazo hasta el mes de febrero del siguiente año para presentar al Legislativo el plan a desarrollar. Como el Congreso a su vez tiene hasta tres meses para darle su bendición, en la práctica todo el proceso puede tomar hasta nueve meses. ¡Todo un embarazo!

En reciente foro, organizado por la Universidad del Rosario, Juan Camilo Restrepo anotaba que muy pocas naciones en el mundo tienen consagrada una norma constitucional de este tipo. Claramente, ni EE. UU. ni Gran Bretaña, países en los cuales la costumbre es la ley y no la norma escrita. Francia la tuvo en plena reconstrucción de la posguerra, pero la abandonó 10 años después. Si uno observa el proceso de discusión y aprobación de la ley del Plan -ahora como en el pasado-, concluye que abundan argumentos para su derogación. Se convierte en una entelequia en la que la forma prevalece sobre el contenido y en la que sobran considerandos y objetivos.

En Colombia, hemos tenido en los últimos cuatrienios, gobiernos regulares, malos y pésimos, independientemente del documento pomposamente llamado Plan de Desarrollo. El gobierno que rigió nuestros destinos entre el 2002 y 2006 satisfizo una de las necesidades más sentidas por el electorado, el restablecimiento de la seguridad democrática. Pero, muy colombianos -entre favorecedores y contradictores- ni remotamente recuerdan cuál fue el nombre del plan de desarrollo del periodo. La segunda versión de ese gobierno (2006-2010), se recuerda más por la cantidad de componendas, al límite o más allá de lo legalmente permitido, encaminadas a lograr la segunda reelección. Nadie puede afirmar que tal meta y las estrategias para lograrlo estaban plasmadas en un texto escrito que había pasado por el filtro del Congreso. ¿Alguien recuerda el nombre de esta segunda criatura?

Por el contrario, el que se está discutiendo tiene una extensión y unos propósitos tan amplios que posiblemente tres reelecciones no serían tiempo suficiente. Se encuentran proyectos tales como la pavimentación de una calle en San Juan del César en homenaje a Diomedes Díaz.

Debemos volver a lo sencillo, recordando la sabia expresión latina ‘si bonum breve, bis bonum’. Lo bueno, si breve, doblemente bueno. El verdadero plan de desarrollo debe ser el manifiesto de campaña del candidato ganador y su refrendación se debe dar el siete de agosto del año respectivo.

Gonzalo Palau Rivas

Profesor de la Universidad del Rosario

gonzalo.palau@urosario.edu.co

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