Gonzalo Palau Rivas

Presupuesto nacional cada dos años

Gonzalo Palau Rivas
POR:
Gonzalo Palau Rivas
septiembre 15 de 2013
2013-09-15 09:51 p.m.
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En su capítulo III, la Constitución Política del 91 –no reformada aún en estos aspectos– establece que en tiempos de paz el Gobierno Nacional no podrá percibir contribución alguna ni ejecutar erogación que no esté incluida en la ley de presupuesto correspondiente.

Quiere decir esto que todo el ejercicio que anualmente se hace en materia de elaboración, discusión, refrendación, aprobación y, finalmente, ejecución del presupuesto parte de la base de que nuestro país está en paz, así sea parcialmente golpeado y afectado por la presencia del conflicto interno.

Siguiendo con la normatividad consignada en la Constitución Política, el mandato para el Ejecutivo es el de preparar el proyecto de ley y hacer la presentación formal ante el Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.

Es en este momento cuando arranca la discusión en el Legislativo, el cual cuenta con un plazo máximo de noventa días (normalmente tercera semana de octubre) para esta tarea.

En este lapso, el Congreso debe, inicialmente, fijar el monto global y posteriormente dedicarse a su distribución o asignación por partidas (‘repartición del botín con fines electorales’, opinarían algunos).

Estamos, pues, en el momento álgido de todo este trámite de cara al 2014 y, por lo tanto, vale la pena echarles un vistazo a las cifras principales: monto global propuesto, $199,9 billones, que se cubrirán así: $110 billones con impuestos nacionales, $21 con fondos especiales (léase Cree), $16 con ingresos de establecimientos públicos, $13 con utilidades de empresas públicas (Ecopetrol) y finalmente $40 billones provenientes de nuevas contrataciones de deuda pública, tanto externa como interna (TES).

Por el lado del gasto, $115 billones se destinarán a funcionamiento, $41 a la inversión y $44,4 al servicio de la deuda pública, siendo la primera, de lejos, la de mayor impacto.

Dentro de esos $115 billones, el grueso está en $29 billones destinados a las transferencias territoriales (SGP), $32 al pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional por agotamiento de las reservas del extinto ISS y $17 billones por concepto de subsidios directos, como cafeteros, paperos, cebolleros y viviendas gratis, más funcionamiento y remuneración a los empleados públicos del orden nacional.

La teoría económica inspirada en los principios keynesianos recomienda incrementar el gasto en épocas de recesión y disminuirlo en épocas de bonanza (política contracíclica).

El presupuesto presentado por el Gobierno es ambiguo en este contexto. Un crecimiento del 5,6% en el gasto, descontada la inflación proyectada, no representa un estímulo a la demanda agregada en una coyuntura, no de recesión, pero sí de franca desaceleración.

El Minhacienda ha precisado que no puede proyectar un mayor gasto, pues estaría incumpliendo con la llamada ‘regla fiscal’, elevada a nivel de ley un par de años atrás.

Si de reducir el gasto eventualmente se tratase, tampoco sería posible, dadas las obligaciones de gasto, tales como cubrimiento de pensiones, transferencias a los entes territoriales y pagos de deuda –todas ellas ineludibles–.

La flexibilidad de la política fiscal en Colombia es algo que pertenece al mundo de la academia, pero no al de la vida real.

Así las cosas, tiene sentido la propuesta de hacer todo este ejercicio de planeación, discusión y ejecución del presupuesto nacional cada dos años, o incluso cada cuatro años y no año tras año, como actualmente ocurre.

Según la sabiduría campesina, hoy por hoy ‘vale más el collar que el perro’.

Gonzalo Palau Rivas

Profesor, Universidad del Rosario

 gonzalo.palau@urosario.edu.co

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