Gustavo Tobón

Una declaración superior

Gustavo Tobón
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Gustavo Tobón
junio 26 de 2008
2008-06-26 12:24 a.m.
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Hace unos días en Cartagena se celebró la Conferencia Regional de Educación Superior.

En América Latina y el Caribe y a la misma asistieron cerca de 3.500 delegados de la comunidad académica. Son muy pocos los que llegan a ese grado de formación en nuestros países, lo que puede considerarse como un privilegio y un elemento más de desigualdad.

Por eso, cuando la Declaración final inicia diciendo que "la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado", podríamos concluir que en la realidad es un bien público restringido, que se está desconociendo a miles o millones ese derecho y que el Estado falla en sus deberes.

La meta, es otra conclusión, es el logro de una mayor cobertura social para que el vértice de la pirámide educativa se amplíe. Se requiere una mayor y más variada oferta de cupos universitarios, y esa es una tarea conjunta del sector público y privado.

Las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y entidades de educación superior son mecanismos útiles para encontrar soluciones y para estudiar la pertinencia de lo que se enseña en las aulas.

La educación es un elemento esencial para la búsqueda de la equidad y el avance social. Por eso, el documento la sitúa dentro del contexto de los Objetivos del Milenio como la lucha contra la pobreza y la promoción de la equidad de género. Una persona que tenga acceso a la misma tendrá más competencias desarrolladas y más atributos con los que se pueda defender en el mundo competitivo de hoy.

Educar no es solamente enseñar unas disciplinas y graduar profesionales en diferentes áreas. Educar debe ser así mismo formar en valores. Se dijo en Cartagena que "se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación". Quienes salgan de los entes educativos deben ser ciudadanos plenamente responsables de sus obligaciones y deberes, y entre éstos, según nuestra Constitución, están los de la solidaridad social, la cooperación, el respeto a los derechos ajenos y el no abuso de los propios.

La honestidad, la transparencia en el comportamiento diario y la tolerancia son valores que los educadores deben inculcar en la juventud.

La educación no puede ser una mercancía más en un mercado global. El ser un bien público social implica oponerse a la promoción de su mercantilización sin control. Por eso, en la Declaración se rechaza la decisión de la Organización Mundial de Comercio OMC, de incorporarla como un 'servicio comercial' y se alerta contra la amenaza de organizaciones extranjeras que en búsqueda de mercados y de ganancias, pretenden llegar a nuestros países sin ningún tipo de control. Eso por supuesto no está en contra de una educación privada responsable.

La de Cartagena es una Declaración para digerir y aplicar.

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