Evidencia

Un memo de la oficina de gerencia y presupuesto del Gobierno de Estados Unidos (OMB), de mayo de este año, pide a las agencias federales solo un pequeño ajuste para el presupuesto del 2014: sustentar sus solicitudes de fondos en la evidencia de que sus programas funcionan.

Gustavo Valdivieso
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Gustavo Valdivieso
diciembre 10 de 2012
2012-12-10 01:47 a.m.

El memo es un nuevo desarrollo en una línea que se trazó la misma oficina, desde el gobierno de Bush hijo: en ese entonces, las agencias tuvieron que contestar preguntas del Gobierno Central sobre la evidencia sobre sus programas, y comenzaron a diseñarse algunos cuya continuación está específicamente atada a la medición de evidencia. Actualmente, planes de prevención del embarazo adolescente o de visitas a los hogares para hacer seguimiento a niños pequeños, están en esa categoría. Pero solo 1.200, de 670 mil millones de dólares en apropiaciones discrecionales no militares en el año fiscal 2011, estaban comprometidos en esos programas. La OMB parece pensar que es tiempo de expandir el modelo.

El texto no ordena, pero sí alienta a las agencias a actuar en cinco áreas para ganar el respaldo de la OMB a sus solicitudes de presupuesto. Primera: proponer nuevas evaluaciones, esto incluye evaluaciones ‘de bajo costo’ utilizando datos administrativos o usando nuevas tecnologías. Segunda: usar datos comparados sobre la relación costobeneficio en varios programas, para comparar diferentes propuestas por su relación costobeneficio y mirar las relaciones costobeneficio de distintas intervenciones en el mismo programa (no todos los componentes de un proyecto son necesariamente igual de efectivos).

La tercera opción es incorporar la revisión de evidencia en programas ‘por fórmula’, es decir, aquellos en que se entregan recursos a un estado o localidad para dirigir específicamente a ciertas poblaciones. Por ejemplo, atando la entrega de fondos a evidencia sobre el programa que se pretende ejecutar con ellos o asignando fondos a iniciativas, según su nivel de evidencia. La cuarta es usar la evidencia para el combate a delitos, y la quinta mejorar la capacidad de evaluación de las agencias, creando o fortaleciendo cargos para esa función en ellas.

El memo de la OMB da ideas para resolver un gran problema en los esfuerzos de evaluación que hace años viene realizando el DNP en Colombia: pone la carga del gasto de crear evidencia en quien implementa el programa, y la liga con su capacidad futura para recibir fondos (en Colombia requeriríamos una alianza DNP-Hacienda, o cambios en el Ministerio para esto). Un segundo gran problema no se ha resuelto en EE. UU.: ¿cómo medir a bajos costos? Las mediciones con datos administrativos pueden no ser muy precisas y las experimentales son costosas por lo complejo de su elemento esencial: la asignación aleatoria de personas en varios grupos a comparar.

En cualquier caso, esa tendencia que parece fortalecerse en EE. UU. necesitamos impulsarla en Colombia. Si nos parece natural que los recursos se inviertan donde más rinden, ¿por qué habría de ser diferente para los recursos públicos, que salen de los bolsillos de todos?

GUSTAVO VALDIVIESO

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