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El plan

Gustavo Valdivieso
POR:
Gustavo Valdivieso
julio 06 de 2012
2012-07-06 01:33 a.m.

Según el Artículo 339 –sobreviviente– de la Constitución de 1991, la razón para tener planes de desarrollo territoriales es “asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”.

Con lo que hemos visto en Bogotá, y seguramente en otras partes del país, en los últimos días, no estoy seguro de que los planes estén sirviendo a la eficiencia en el uso de los recursos. Y parte de la culpa no es de los gobernantes.

Me cuento entre quienes aún no saben si las famosas 600 modificaciones hechas por los concejales al Plan ‘Bogotá Humana’ aumentaron su costo estimado de 61 billones de pesos. Tampoco conozco los elementos que haya tenido el Presidente del Concejo para anunciar, en la misma ceremonia en que firmaba el Plan con el alcalde, que la desfinanciación es de 17 billones de pesos.

Lo que sí sé es que la discusión de fondo de un plan para cuatro años se dio en apenas 15 días en el Concejo, y que gran parte de lo que finalmente se aprobó probablemente no se ejecute, pero no sabemos qué parte está en riesgo.

Esta no es la idea que tenemos de un proceso de planeación.

La verdad es que los tiempos para formular todos los planes de desarrollo son cortos, pero los territoriales son casi inmanejables. Según la Ley 152 de 1994, después de posesionado, el Presidente dispone de apenas trece semanas para presentar su plan al Consejo Nacional de Planeación, pero alcaldes y gobernadores tienen solo ocho semanas para hacer lo propio.

En total, el ciclo del plan nacional dura nueve meses hasta la aprobación o no por el Congreso, pero el ciclo de los planes territoriales dura únicamente cinco.

Parte de esa diferencia sería explicable en un contexto (1994) en que los periodos de alcaldes y gobernadores electos eran de solamente tres años, pero ese ya no es el caso.

Para ayudar a la eficiencia en el gasto, los planes deberían identificar las alternativas menos costosas y más eficaces para ejecutar las promesas de campaña de los gobernantes, llegando siempre que se pueda a verdaderos análisis de costo-beneficio, algo imposible de hacer para cientos de iniciativas, con equipos técnicos reducidos, en ocho semanas.

Por supuesto, ni pensar en ejercicios de benchmarking rigurosos previos para generar alternativas.

Así que podría pensarse en aumentar tiempos para tener planes territoriales más robustos. Cada nivel territorial tiene sus complejidades, no hay que pensar que lo nacional es necesariamente más complejo. ¿Pero cómo optimizar tiempos dentro de lo existente?

Valdría la pena preguntarse si es necesario reservar tiempos para consultas obligatorias, pero no vinculantes, a los Consejos Territoriales de Planeación (o a las CAR), o si no es mejor consultarlos durante la construcción del documento, y si consideran que la versión final requiere más comentarios, prever que los dirijan a concejos o asambleas.

Tal vez, el mayor cambio sería que los cálculos de ingresos en los planes de inversiones generen priorizaciones: esto se hace si hay 40 billones, esto si hay 50, esto si hay más.

Hay quienes dirán: “la realidad no es así”. Pero los planes de desarrollo se hacen para transformar la realidad, y cualquier plan implica prioridades.

Gustavo Valdivieso

Profesor, Universidad Externado

gustavo.valdivieso@yahoo.com

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