La seguridad nacional es uno de los muchos argumentos que se esgrimen para justificar las políticas proteccionistas. Precisamente, a este acudió Trump para imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio. Es un argumento controvertido porque no es claro su significado ni la forma en que la política comercial subsana los presuntos problemas de seguridad nacional.
El artículo XXI del Gatt considera la seguridad nacional como una excepción al principio de nación más favorecida, según el cual un país no puede dar a otro miembro de la OMC un trato diferente al que da a los demás. Diversas lecturas de ese artículo se enfocan en la relación entre seguridad nacional y conflictos armados, porque se incluyó recién terminada la Segunda Guerra Mundial; por eso se interpreta que, en caso de guerra, está permitido adoptar medidas discriminatorias contra el comercio del contendor. Pero, en la práctica, se puede exagerar su aplicación; por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, además del Reino Unido, varias economías desarrolladas no vinculadas al conflicto invocaron el artículo XXI para imponer restricciones al comercio de Argentina.
En EE. UU. la visión sobre el tema va más allá del Gatt, pues la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial se refiere a la amenaza que puedan ocasionar las importaciones sobre la seguridad nacional, haya o no un potencial conflicto armado. Antes del 2018 se realizaron 26 investigaciones (la última fue en el 2001); en la mayoría no se identificaron riesgos para la seguridad nacional y solo dos se concretaron en medidas específicas. La primera sobre petróleo con Libia, prohibió su importación desde ese país en 1982. La segunda, en 1983, sobre máquinas para trabajar metales, pero se acordó con Japón una restricción voluntaria de exportaciones.
En las Proclamaciones Presidenciales 9704 y 9705, mediante las cuales Trump impuso los aranceles adicionales al acero y el aluminio, exceptuaron a Canadá y México, dado el mutuo apoyo “para abordar las preocupaciones de seguridad nacional”. Posteriormente, fueron excluidos Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea, porque “cada uno de estos países tiene una relación de seguridad importante con los Estados Unidos”.
Con esas exclusiones resulta muy débil el argumento de seguridad nacional. En el caso del acero, los países mencionados representaron el 58,2 por ciento del volumen importado por Estados Unidos en el 2017, mientras que las de China fueron el 2,2 por ciento; además, el 94 por ciento de las provenientes de este último país ya tenían gravámenes adicionales. En las importaciones de aluminio, cinco de los excluidos aportan el 48,6 por ciento del total, y China el 8,9 por ciento; pero, el 95,6 por ciento de las chinas están sujetas a aranceles especiales.
Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: primero, el objetivo político de su guerra comercial es China, pero la norma carece de sentido por la baja participación en las importaciones y porque ya tienen gravámenes adicionales; y segundo, las economías pequeñas son las grandes damnificadas de una confrontación en la que no tienen nada que ver. Lo cierto es que con los primeros disparos de la inminente guerra comercial se puede aplicar el dicho popular: ‘cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba’; y Colombia está ahí.