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Ingresos y conflicto

La implementación de los acuerdos puede ser más efectiva para impedir la violencia en zonas de cultivos que algún programa de erradicación forzosa.

Hernando Zuleta
Opinión
POR:
Hernando Zuleta
diciembre 20 de 2016
2016-12-20 07:50 p.m.

Juan Fernando Vargas, profesor de la Universidad del Rosario y Oeindrila Dube, profesora de la Universidad de Chicago, analizan el efecto de los cambios en el precio internacional del café, cuya producción es intensiva en mano de obra, y el petróleo, la cual es intensiva en capital.

Los resultados son contundentes: una caída en el precio del café aumenta la violencia en las regiones cafeteras; un aumento en los precios del petróleo incrementa la violencia en las regiones productoras de petróleo (http://restud.oxfordjournals.org/content/early/2013/ 02/15/restud.rdt009).

Esta aparente paradoja se explica porque el aumento en ingresos cafeteros redunda en mejores jornales y más empleo. Así, los incrementos en el precio del café reducen los incentivos económicos asociados a actividades violentas. Los ingresos petroleros, por su parte, están más concentrados en las firmas productoras y en los gobiernos locales. Y un boom petrolero aumenta el retorno de las actividades de expropiación. De acuerdo con los autores, este patrón se presenta también en otros sectores agrícolas y de recurso naturales.

El artículo en cuestión ha llamado la atención de académicos y estudiosos del desarrollo en todo el mundo y ha sido uno de los trabajos de economía más citado en los últimos años. Los resultados de Dube y Vargas tienen claras implicaciones de política que cobran especial relevancia en la antesala de la implementación del acuerdo de paz.

En primer lugar, la estabilización de precios de productos básicos intensivos de mano de obra puede desempeñar un papel en la mitigación de la violencia. En segundo lugar, programas sociales concebidos para reducir la pobreza y el desempleo pueden reducir la violencia. En tercer lugar, es necesario monitorear las rentas de recursos naturales para evitar que estas se conviertan en fuentes de financiamiento de la violencia.

Por otro lado, el artículo arroja luces sobre la discusión acerca de los cultivos ilícitos, discusión que ha ido ocupando un lugar cada vez más grande en el debate sobre la implementación del acuerdo de paz. En este, la estrategia de sustitución de cultivos incluye provisión de bienes públicos, financiación de proyectos productivos, proyectos de generación de empleo y, en general, una estrategia de desarrollo. De manera que el acuerdo es consecuente con las recomendaciones de Dube y Vargas.

Sin embargo, a raíz del aumento en cultivos ilícitos, han surgido voces que plantean una revisión de la política de drogas. Dado que la coca es insumo de un negocio dominado por bandas criminales, es posible que estas intenten sabotear la implementación de los acuerdos y obligar a las familias a seguir cultivando coca. Este escenario puede ser particularmente violento si se presenta una lucha por el control de los cultivos. Por esta razón, hay voces que claman por el retorno de la erradicación forzosa y las aspersiones aéreas.

No obstante, los resultados de Dube y Vargas sugieren que una implementación completa y eficiente de los acuerdos puede ser más efectiva para impedir el surgimiento de la violencia en zonas de cultivos que cualquier programa de erradicación forzosa.

*Director del Cesed, Universidad de los Andes
h.zuleta@uniandes.edu.co

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